“Aunque es una cifra menor que los casos registrados el año pasado, para la Defensoría del Pueblo siguen siendo preocupantes las acciones de los grupos armados ilegales contra esta población”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

El asesinato de líderes sociales se disparó el año pasado, llegando a 182 entre enero y el 30 de noviembre; mientras que en 2019 fueron 134 en ese periodo y el anterior, 2018, 178.

Según las cifras de este año, el 85 % de los asesinados fueron hombres y hubo 19 mujeres defensoras asesinadas. Además, el 75 % de los homicidios se presentó en ocho departamentos, que coinciden con Antioquia y el corredor del Pacífico, una de las zonas más afectadas por el resurgimiento de la violencia. (Vea también: Hallan muerto a líder social que había desaparecido hace 4 días en el oriente de Cali).

Concretamente, 22 homicidios se produjeron en Antioquia, y el resto de ese 75 % en el Pacífico: 21, en Cauca; 16 en Valle del Cauca, y 9, en el Chocó.

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“Lamentamos profundamente cada uno de los casos con el impacto que tienen sobre las comunidades”, aseguró Camargo. “Como Estado no podemos ahorrar esfuerzos en la lucha contra la criminalidad y debemos garantizar que los líderes y lideresas sociales puedan seguir adelantando esta importante labor en favor del Estado social de derecho”, añadió.

La mayoría de líderes asesinados este año fueron comunales, como líderes de juntas de acción comunal, e indígenas. La Defensoría del Pueblo es una de los pocos organismos oficiales que recogen datos de este fenómeno en el país más letal para quienes defienden asuntos como el medioambiente en todo el mundo.

Por su parte, la oficina de derechos humanos de la ONU, que asume que sus datos no reflejan la escena integral, reportó, hasta el 31 de octubre, 67 asesinatos verificados y 30 en verificación, de 180 reportados a este organismo.

Otras organizaciones como Indepaz, que recoge información de grupos de base en todo el país, reportan el asesinato de 162 líderes y defensores de derechos humanos en lo que va de 2021, y de 1.276 desde la firma del acuerdo de paz del Gobierno con las Farc, en noviembre de 2016.

El último asesinato que el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz) recoge se produjo hace tan solo dos días, en Santa Marta, y se trata de Cristina Isabel Cantillo, una activista LGBT, que fue atacada por un sicario cuando estaba en la terraza de su casa el pasado martes.

Este es el informe de la Defensoría del Pueblo:

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