El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Mientras la Fiscalía investiga las presuntas apuestas ilegales que habría en el fútbol profesional colombiano, el Ministerio de Hacienda encendió una grave alerta sobre los contratos de concesión de Juegos de Suerte y Azar (JSA) en Colombia, que parte de ellos se realizan presencialmente en distintos casinos con máquinas traga monedas, entre otras dinámicas.
Esa delicada labor está a cargo de Coljuegos, entidad que también recauda cerca de medio billón de pesos proveniente de los JSA y que son redirigidos al sector de la salud. Las investigaciones sobre posible corrupción en el interior de la entidad son tan delicadas que, incluso, su presidente, Marco Hincapié, y otro alto funcionario están pidiendo protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP), ya que se sienten intimidados.
Lea: “Denuncias de amaño de partidos podrían afectar las apuestas legales”: Coljuegos
El Espectador conoció un informe, fechado el pasado 7 de septiembre de 2023, de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Parafiscales (Agencia ITRC), dependencia del Ministerio de Hacienda encargada de vigilar y sancionar a los funcionarios de Coljuegos y la Dian que pudieran estar “inmersos en faltas disciplinarias gravísimas”. El documento de 28 páginas conocido por este diario advierte que, entre 2018 y 2022, decenas de contratos se entregaron sin el aparente cumplimiento de requisitos legales y contendrían “hechos falsos o información inexistente, generando el riesgo de fraude y corrupción”.
Ese documento reservado fue enviado al despacho del presidente Marco Hincapié, quien llegó a finales de julio de 2023 a Coljuegos como un hombre cercano a la Casa de Nariño. Durante esas pocas semanas, el directivo ya firmó un acuerdo de cooperación con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con el fin de evitar que, a través de las apuestas, se laven dineros del narcotráfico, terrorismo y posibles fraudes financieros, como los que está alertando la Agencia ITRC. Aunque ese informe no lleva la firma de algún funcionario, se sabe que este despacho del ministerio es ocupado por la reconocida abogada Diana Richardson Peña, nombrada en 2019 por el entonces ministro de Hacienda del Gobierno Iván Duque, Alberto Carrasquilla.
¿Qué encontró la Agencia ITRC?
El primer hallazgo del informe es que hay 42 contratos en los que no se encontraron los documentos que certificaran que cumplen con los requisitos financieros solicitados y verificados por la Gerencia Financiera de Coljuegos. Por ejemplo, no hay evidencia de que, en esos casos, los operadores hayan aportado sus estados financieros en regla, entre ellos, sus índices de liquidez y capacidad de endeudamiento; un determinado patrimonio (igual o superior al 30 % del contrato al que licita); documentos de paz y salvo con Coljuegos para certificar no tienen deudas con la entidad; consulta de antecedentes, entre otros documentos claves para que puedan entregar los contratos de juegos de azar y suerte en Colombia.
Además de estos papeles, 21 contratos entregados no tendrían un documento clave solicitado por la entidad: el requisito de la declaración bajo la gravedad de juramento del interesado de “no encontrarse incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente”. La Oficina del Inspector señaló en su investigación que Coljuegos no cuenta con esas declaraciones de los operadores con antelación para las autorizaciones de los contratos. Además, la Agencia le puso la lupa a los trámites de autorización y firma de contratos de concesión que tienen que ser verificados por funcionarios de Coljuegos.
“Hay fallas en el registro y control de las listas de chequeo establecido por la entidad, como un mecanismo de control para garantizar el pleno cumplimiento de requisitos jurídicos y financieros. Para este efecto, Coljuegos dispone de una lista de chequeo que elabora un analista, y de otra lista de chequeo que diligencia el abogado revisor para la elaboración de las resoluciones de autorización juegos. En los casos evaluados, se encontró lista de chequeo del analista para quince casos, lista de chequeo del revisor para doce y solo ocho casos tenían soportes parciales de los requisitos exigidos”, señala el informe. Las irregularidades, dice la Agencia, no pararon allí.
En otros 42 contratos de concesión para operar, se evidenciaron otras dos conductas irregulares. Primero, incumplimientos en el plazo de dos meses de anticipación a la terminación del contrato para la radicar la documentación para renovar el contrato. Segundo, se evidenciaron fallas en la supervisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales, con ocasión a las gestiones realizadas con posterioridad a la ejecutoria de la resolución que declara como responsable al operador de la inexactitud en la declaración y pago de los derechos de explotación y gastos de administración, y que configura una inhabilidad sobreviviente sobre el operador de JSA.
Un importante y exfuncionario de Coljuegos le dijo a este diario que el nivel de corrupción entre 2018 y 2020 fue alto y que tuvo que renunciar por las amenazas luego de denunciar irregularidades. “Al ser una entidad catalogada como empresa Industrial y Comercial del Estado, la supervisión y control sobre los presupuestos, autorización de contratos y el otorgamiento de licitaciones no tienen el mismo nivel de control que una entidad de carácter ministerial o con una cartera presupuestal más elevada, por lo que tuve que evidenciar un número considerable de irregularidades que me obligaron a denunciar internamente ocasionando un efecto perjudicial para mi integridad”, dice el funcionario al que ocultamos su identidad por motivos de seguridad.
¿Quiénes estaban a cargo en ese momento de Coljuegos?
En ese lapso, 2018 y 2022, y durante los primeros meses del Gobierno de Gustavo Petro, Coljuegos fue entregada al Partido Conservador como cuota burocrática. Incluso, el expresidente Andrés Pastrana, en marzo de 2023, señaló que Efraín Cepeda, presidente de esa colectividad, le “vendió el partido a Petro por Coljuegos”. En ese momento, el gobierno actual le entregó la dirección de la entidad al exconcejal de Bogotá, Roger Carrillo, una ficha del partido azul, que en mayo renunció al cargo en medio de denuncias sobre un posible caso de suplantación de identidad.
En 2016, el entonces gobierno de Santos nombró como presidente de Coljuegos Juan Bautista Pérez Hidalgo, hijo del exsenador conservador Juan Bautista Pérez Rubiano. Según la Silla Vacía, este último habría obtenido una ayuda de Agro Ingreso Seguro (AIS) por más de $ 100 millones en 2008 para construir un sistema de riego y drenaje en su finca en Duitama. Su hijo, Pérez Hidalgo, fue candidato a la Cámara por Boyacá en 2006 con Alas Equipo Colombia, pero se “quemó” y fue nombrado gerente de Finagro por Andrés Felipe Arias, condenado en 2014 por la Corte Suprema por la corrupción de AIS. A finales de 2009, Pérez Hidalgo renunció a ese cargo en Finagro y se lanzó a la Cámara por el Conservador y fue delegado como directivo de la naciente campaña a la presidencia de Arias en Boyacá.
Pérez Hidalgo estuvo a la cabeza de Coljuegos hasta noviembre de 2020, cuando fue remplazado por Cesar Augusto Valencia, un empresario que también ha sido vinculado a los conservadores y que estuvo hasta diciembre de 2022 en la entidad. El Espectador se intentó contactar con ambos, pero al momento de publicación de este artículo ninguno se refirió sobre las conclusiones de la Agencia. Mientras las autoridades logran identificar a los responsables de estos hechos, El Espectador también conoció que la Contraloría y la Superintendencia de Salud ya tienen los ojos puestos sobre este y otros hechos irregulares que habrían sucedido en el cuatrienio anterior y que hasta hoy eran desconocidos.
.svg)
