Uno de los hechos fue reportado por Indepaz en Puerto Wilches, Santander, donde mataron a Carlos Alberto Rincón, expresidente de la Asociación Municipal de Juntas.

Esa organización detalló que había sido amenazado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y, pese a ello, se le había retirado su esquema de seguridad.

Por otro lado, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz lamentó “el asesinato del líder social Lenin Guerra Castro y la desaparición de su pareja, Yuliana Galeano Luján, quien horas después fue dejada en libertad”.

Tanto Guerra como Galeano, reconocidos líderes del municipio de Remedios, fueron secuestrados por las AGC en Segovia, en lo que el Gobierno consideró una “nueva actuación de las AGC contra los civiles”.

Rechazo a nuevos asesinatos de líderes sociales

El Clan del Golfo había anunciado el 7 de agosto un cese unilateral de “hostilidades ofensivas” para buscar “caminos de paz” ante la “era distinta” que se abrió en Colombia con la investidura de Gustavo Petro como presidente.

Petro ha mostrado voluntad de emprender una política de paz total que contempla retomar los diálogos de paz con la guerrilla del Eln, pero también el hablar con otros grupos armados que operan en el territorio.

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Sobre el Clan del Golfo, que nació tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el mandatario ha hablado de “sometimiento voluntario a la justicia”, pues distingue entre los grupos como el Eln que nacieron desde la insurgencia y con una ideología y estos otros grupos.

Desde que el Gobierno se extraditó al máximo líder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, en mayo pasado, este grupo empezó una campaña de retaliación, una embestida que incluyó una semana de paro armado que puso en jaque el norte y noroeste del país en mayo pasado.

“Son más de 30 años que han traído dolor, destrucción de sueños y proyectos de vida en esta región. Apelamos a las AGC, a quienes se atribuye por fuentes locales, la comisión de este daño irreparable y delitos contra la vida y la libertad a actuar en coherencia con su anuncio público de un cese al fuego desde el pasado 7 de agosto”, agregó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia lamentó el crimen y valoró que Galeano “esté libre y con vida”:

“Llamamos a que se investiguen, juzguen y sancionen estos hechos violentos. Urgimos a que se tomen medidas de prevención de este tipo de ataques en contra de defensores, líderes y la comunidad”, agregó ese organismo.

Asesinatos de líderes sociales aumentaron en primer semestre del año

La Defensoría del Pueblo reportó este viernes que entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año se presentaron 122 asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, lo que supone un aumento frente a las mismas fechas de años anteriores.

Se trata de 32 homicidios más que en la misma fecha de 2021, cuando se habían reportado 90, y 16 más que en 2020, cuando se contabilizaron, de enero a julio, 106.

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