Por iniciativa de la Comisión de Paz del Senado y de plataformas de derechos humanos y organizaciones sociales, el Gobierno Nacional instalará este sábado en Ituango (Antioquia), el segundo “puesto de mando unificado por la vida”, una estrategia con la cual se busca frenar los crímenes y asesinatos de líderes sociales, poblaciones diferenciadas como indígenas, campesinos y de excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz.
Según Iván Cepeda, presidente de la Comisión de Paz de Senado, con esta iniciativa esperan fortalecer el plan de emergencia diseñado desde el Congreso junto con organizaciones sociales y de derechos humanos, la sociedad civil y el Gobierno. “Buscamos proteger la vida de quienes han estado en la construcción de la paz en los territorios. El propósito es buscar cuánto antes procesos de diálogo para ponerle punto final a todas las expresiones de violencia y de conflicto armado que azotan al país”, señaló.
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Con la estrategia, la Comisión de Paz busca generar un cambio en la manera como el Estado interviene en los territorios. Además, esta es la primera apuesta del Congreso de la República para implementar la política de “paz total” que ha puesto sobre la mesa el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro.
Al encuentro también asistirán cerca de 20 congresistas; el ministro del Interior, Alfonso Prada; el alto comisionado para la Paz, Iván Danilo Rueda; alcaldes de municipios de la zona; sociedad civil; comunidades campesinas. Además, acompañan y apoyan organismos internacionales como la ONU y Olof Palme International Center, entre otros.
El plan de emergencia contiene 52 acciones, 29 de ellas para ejecutarse en los primeros cien días de gobierno, en 67 municipios que concentran los niveles de violencia y agresiones más críticos del país. En este sentido, las medidas buscan generar una respuesta rápida por parte de las instituciones del Estado; poner en marcha acciones inmediatas de carácter preventivo que apunten a reducir los niveles de hostilidad y estigmatización; y dar inicio a la configuración de una política pública de garantías que responda lo dispuesto en el Acuerdo Final de Paz.
“Desde Ituango vamos a anunciar una gran cumbre para buscar el alto al fuego en todo el país, y así poder darle ambiente y condiciones a la ‘paz total’” concluyó Cepeda.
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El primer PMU por la vida se instaló hace ocho días en Caldono (Cauca), en el resguardo Kwet Kina, sector de Monterilla, al suroccidente del departamento. Allí, el ministro Prada enfatizo en la protección de líderes y lideresas, y firmantes del Acuerdo: “La instrucción del presidente Petro tiene un objetivo que es la respuesta inmediata en territorio para la protección de nuestros lideres. Aspiramos llegar a cero asesinatos, a cero agresiones contra ellos”, dijo. Y recalcó que los puestos de mando unificado se realizarán de ahora en adelante con la gente, buscando la participación directa de la comunidad, “para que intervengan, opinen, y nos digan sus angustias, problemas, y sus recomendaciones de guía”.
Como señaló Cepeda, el plan se enmarca en la búsqueda de la llamada “paz total”, con esfuerzos paralelos liderados por el Ejecutivo para construir rutas en los distintos frentes y en las distintas caras de la violencia en el país para que una red consolidada pueda caminar hacia el cese de las acciones de los grupos “multicrimen”, como los ha llamado el presidente Petro.
Cuenta de ello da, por ejemplo, el anuncio de retomar los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), que tuvo lugar hace unas semanas en La Habana, Cuba. A la par entonces se estarán realizando más encuentros del Gobierno y el Congreso de cara a los municipios.
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