El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Las amenazas y señalamientos recientes por parte del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, dirigidos al Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), han generado una fuerte reacción por parte de organizaciones sociales del Chocó, la Defensoría del Pueblo y el propio Cinep. Estos actores sociales y defensores de derechos humanos advirtieron públicamente sobre los graves riesgos que implica este tipo de estigmatización, especialmente en territorios donde la presencia de grupos armados pone en peligro la vida de líderes sociales e investigadores.
El conflicto se desató cuando el Clan del Golfo publicó, a través de la red social X, una serie de mensajes que sugerían, sin pruebas, que el Cinep mantenía vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estas declaraciones —muchas de las cuales fueron eliminadas posteriormente— provocaron preocupación en sectores comunitarios y territoriales, quienes defendieron la independencia y transparencia del trabajo de Cinep, institución que desde hace décadas ha documentado el conflicto armado y fortalecido procesos en las comunidades.
El contexto de estas amenazas es especialmente tenso por la discusión en torno a la eventual creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para miembros del Clan del Golfo, como parte de las negociaciones de paz que se desarrollan desde septiembre de 2025, según información recogida por El Espectador. Ante esta realidad, diversas organizaciones étnico-territoriales del Chocó, respaldadas por el Cinep, notificaron al Gobierno Nacional, mediante un comunicado publicado inicialmente el 26 de febrero en Quibdó, que no se debe avanzar en la definición de la ZUT sin garantías y una efectiva participación de las comunidades afectadas.
En este clima de incertidumbre, un segundo pronunciamiento, emitido el 6 de marzo desde Quibdó, reunió a organizaciones sociales, de mujeres, étnico-territoriales y de derechos humanos para rechazar categóricamente los señalamientos sin fundamento contra el Cinep. Alegaron que tales acusaciones distorsionan la realidad, debilitan la labor social en el territorio y exponen a graves represalias a quienes trabajan en defensa de los derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo, a través de su titular Iris Marín, recordó la dolorosa historia de violencia contra defensores en Colombia y señaló que ataques de este tipo ponen en riesgo la integridad física y mental de quienes dedican su vida a la defensa de los derechos humanos. Asimismo, mencionó el asesinato en la década de los noventa de los investigadores Mario Calderón y Elsa Alvarado, ambos miembros del Cinep, como ejemplo del impacto letal de la estigmatización.
La Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz también manifestó su preocupación por los intentos del Clan del Golfo de desacreditar el trabajo de organizaciones sociales, haciendo un llamado a rechazar cualquier forma de señalamiento que busque deslegitimar los esfuerzos de defensa de la democracia y los derechos humanos en Colombia.
En respuesta, Ricardo Giraldo, abogado del grupo armado, propuso abrir un espacio de diálogo entre representantes del Clan del Golfo y del Cinep. Esta iniciativa fue bien recibida por Álvaro Jiménez, jefe delegado ante el Gobierno para los diálogos, quien reivindicó el valor de la comunicación directa para superar obstáculos al proceso de paz.
El Cinep, por su parte, reiteró su rechazo rotundo a los señalamientos, asegurando que nunca ha tenido vínculos con actores armados ilegales. Destacó que asociarlos a grupos criminales constituye no solo una falsa acusación, sino un acto irresponsable que pone en riesgo a su equipo y a las comunidades que acompaña. Así mismo, resaltó su papel histórico en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como también su aporte a la Comisión de la Verdad y a la representación legal de víctimas en la Jurisdicción Especial para la Paz.
¿Qué es una Zona de Ubicación Temporal (ZUT)?
Una pregunta central que surge en el contexto de las negociaciones de paz en Colombia es el significado y función de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), mencionadas en los comunicados sobre la situación en el Chocó. Según lo descrito por las organizaciones sociales y recogido por El Espectador, una ZUT es un territorio designado provisionalmente para la concentración de integrantes de un grupo armado, como parte de un proceso de diálogo o acuerdo con el Gobierno.
El fin de estas zonas es facilitar la implementación de medidas de seguridad, verificación y reintegración, así como establecer parámetros para la participación de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios. Por este motivo, múltiples líderes sociales y territoriales manifiestan la importancia de que su creación se haga con transparencia, consulta previa y garantías efectivas para quienes residen allí y han sufrido el impacto directo del conflicto.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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