Entre las múltiples inquietudes que expresó la CIDH este miércoles en un comunicado, las principales se basan en el abuso de autoridad y fuerza desproporcionada de la Policía.

Por ejemplo, aunque enfatizó que “las protestas deben ser pacíficas en todo momento”, rechaza el uso de armas de fuego para controlar protestas. “No existen supuestos que habiliten el uso de la fuerza letal en una manifestación o que se dispare indiscriminadamente a la multitud”, destacó.

“La Comisión ha señalado que la fuerza potencialmente letal no puede ser utilizada para mantener o restituir el orden público o para proteger bienes jurídicos menos valiosos que la vida como, por ejemplo, la propiedad”, añadió.

No obstante, también habló de otro tipo de abusos. Por ejemplo, asegura que “recibió denuncias sobre la omisión de asistencia por parte de agentes policiales en el caso de Camilo Hernández, una de las personas fallecidas”, y habló de otras “sobre las acciones policiales vinculadas a situaciones de maltratos, golpes, torturas y un caso de abuso sexual“.

De la mano con esto último, también dijo haber recibido testimonios relacionados con “detenciones indebidas de personas defensoras“, diciendo que estas fueron víctimas de “agresiones físicas y simbólicas, así como el hostigamiento por el cumplimiento de las tareas propias de su trabajo y la sustracción de sus teléfonos celulares junto con los registros audiovisuales de presuntas violaciones de los derechos de las y los manifestantes”.

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La CIDH celebró la pronta toma de decisiones sobre los policías implicados en la muerte de Ordóñez y reiteró que “de acuerdo con la jurisprudencia interamericana, los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en perjuicio de personas civiles deberán ser juzgados exclusivamente por el sistema de justicia civil“, tal como se decidió en días pasados.

Sin embargo, concluyó exhortando al Estado a “investigar y esclarecer estos hechos, así como a juzgar y sancionar a los responsables”, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades a “ordenar el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza” y subrayó que “la actuación de la policía en el mantenimiento del orden público debe basarse estrictamente en los estándares internacionales de derechos humanos que rigen el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad“.

Este fue el comunicado de la CIDH:

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