Quien hizo la solicitud fue la red Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), que puntualmente pidió la intermediación de la CPI para que los responsables de esos seguimientos, revelados por la revista Semana, sean llevados a la justicia.
La CCEEU hizo este llamado en un documento en el que solicitó al tribunal internacional “su intervención para profundizar el análisis, en el marco de sus actividades de examen preliminar que está llevando a cabo sobre el país, para asegurar que sean individualizados, procesados y llevados ante la justicia los máximos responsables de estos planes criminales de ataques en contra de personas que defienden los derechos humanos”.
La plataforma, que agrupa 281 organizaciones sociales y ONGs defensoras de derechos humanos, recuerda que los programas de seguimiento informático, efectuados en esta ocasión “no constituyen eventos aislados, sino que se inscriben en prácticas reiteradas que se vienen desarrollando de manera continuada al menos desde el año 2002”.
La CCEEU también pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tome cartas ante la “grave situación” por el caso del espionaje en Colombia.
La plataforma justifica la petición porque el espionaje “afecta los derechos a la intimidad, la integridad, la vida y las actividades de defensa de los derechos humanos así como las condiciones para la vigencia plena de la democracia y para la consecución y mantenimiento de la paz”.
En ese sentido pide que se conforme un grupo interdisciplinario de expertos que pueda “dar cuenta de la persistencia, afectación y responsabilidades estatales y de las autoridades implicadas en la implementación de actividades criminales desplegadas desde los organismos de inteligencia militar que han afectado al país desde el año 2002 hasta el presente”.
Por otro lado, la Comisión pidió a Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y los demás gobiernos “revisar” sus políticas de cooperación militar con Colombia.
Esto con “el objetivo de establecer firmes garantías de que los recursos, herramientas y capacidades de inteligencia militar transferidas no se sigan destinando a la persecución, espionaje o perfilamiento de personas que defienden los derechos humanos”.
Señalan que es necesario asegurarse de que estos recursos y capacidades queden “limitados a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de fines precisos como la investigación de delitos graves definidos en la legislación nacional”.
Al mismo tiempo que hace las solicitudes a instancias internacionales, la plataforma también pide al Gobierno colombiano y a los organismos de control tomar las acciones necesarias para llevar a la justicia a los responsables del espionaje.
A la Procuraduría, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia les solicita hacer las “investigaciones que permitan individualizar, enjuiciar y sancionar de manera efectiva a todos los perpetradores materiales de estos crímenes”.
Del mismo modo, pide al Gobierno colombiano “tomar sin dilaciones las medidas exigidas” para desmontar las actividades y estructuras que desde la inteligencia militar “han venido desplegando en las últimas 2 décadas actividades y planes criminales de persecución y ataques a las personas que defienden los derechos humanos y líderes sociales”.
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