Por: El Espectador

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Este artículo fue curado por Frank Hoyos   Oct 18, 2023 - 1:47 pm
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Luego de conocerse los cuatro acuerdos y los dos protocolos que los delegados del Gobierno Nacional y del Estado Mayor Central de las Farc firmaron este lunes 16 de octubre en Tibú, Norte de Santander, quedaron más claras las reglas que deben seguir las partes durante los próximos tres meses que tendrá vigencia el cese al fuego bilateral de carácter nacional y con impacto regional, como lo ha definido la mesa de diálogos.

Uno de los principales aspectos a resaltar es que las partes firmaron un acuerdo específico para el respeto a la población civil. Es el primero de los seis documentos que suscribieron en el acto de instalación de la mesa que se cumplió luego muchas tensiones y un aplazamiento.

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Ese acuerdo contiene 11 compromisos específicos para las partes. Es decir, qué está prohibido y qué no a partir de este 16 octubre hasta el 15 de enero de 2024.

El primero es que “acatarán las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 (relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional)”.

La primera prohibición taxativa mencionada en el acuerdo es no generar desplazamiento forzado, ni confinamiento de la población civil.

Se comprometen a respetar y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el marco del DIH. Aunque no lo mencionan explícitamente, aquí estaría incluido el tema de reclutamiento y utilización de menores de edad en el conflicto armado, una de las principales exigencias de las organizaciones sociales a las disidencias y otros grupos armados.

Otra de las prohibiciones importantes es “no realizar ataques y agresiones que pongan en riesgo y vulneren la integridad física, cultural y territorial de la población civil en general, ni de los pueblos étnicos, comunidades campesinas y demás grupos de especial protección”.

Las partes deben evitar acciones que afecten la seguridad alimentaria y los bienes necesarios para la salud y la vida digna de la población civil.

El punto sexto de este acuerdo estipula que las partes no podrán “interferir en los procesos electorales, ni restringir el ejercicio de los derechos y libertades políticas”. Este punto era importante para el Gobierno, ya que después del rompimiento del cese al fuego decretado de manera unilateral el 1 de enero de este año, las disidencias del EMC habían amenazado con impedir el proselitismo a candidatos que no contaran con su aprobación.

Por su parte, la Fuerza Pública también se comprometió a no realizar operaciones militares ofensivas, ni operaciones especiales de Policía, ni acciones ofensivas contra el Estado Mayor Central.

El documento determina que las partes no pueden poner en riesgo la seguridad y la integridad física de las partes firmantes de este acuerdo de cese al fuego.

También se comprometen a suministrar información clara, precisa y oportuna por los canales establecidos para evitar incidentes y garantizar la eficiencia técnica del Mecanismo de Veeduría Monitoreo y Verificiación (MVMV).

En el punto 10 del acuerdo las partes asumen el compromiso de emplear un lenguaje respetuoso, no estigmatizante.

En el punto final de ese acuerdo se comprometen a no utilizar el cese al fuego para obtener ventajas militares.

¿Qué dicen los protocolos del cese al fuego?

A la fecha, hay dos protocolos firmados, uno sobre el cese al fuego y otro que contiene el mandato al MVMV.

En el primer protocolo que contiene las reglas y compromisos para el cese al fuego Gobierno y EMC reiteran que el marco general del acuerdo es el respeto a la vida, la naturaleza y los derechos y libertades de la población civil.

Uno de los primeros compromisos descritos es que la Fuerza Pública garantizará la movilidad de las tropas del Estado Mayor Central de las Farc en los espacios geográficos delimitados y acordados entre las partes a través de un protocolo -que aun no está acordado- sobre las areas de presencia de los integrantes del EMC y especifica que esos movimientos son “para promover las transformaciones territoriales y las tareas del MVMV”.

El protocolo garantiza que la Fuerza Pública continuará con el cumplimiento de la misión constitucional y legal en todo el territorio nacional, en vigencia del Estado Social de Derecho.

Las partes se comprometen a evitar acciones ofensivas e incidentes armados entre sus tropas y a evitar situaciones que pongan en riesgo el acuerdo de cese al fuego.

Gobierno y EMC acuerdan establecer un Mecanismo de Veeduría Monitoreo y Verificación (MVMV) que tendrá como función verificar el cumplimiento de los protocolos, consolidar la información sobre posibles operaciones militares ofensivas, operaciones especiales de la Policía Nacional, acciones ofensivas del Estado Mayor Central de las Farc y los incidentes que puedan ser calificados como incumplimientos a los actos prohibidos.

Las partes se comprometen a tramitar y verificar, a través del MVMV, cualquier situación que pueda ser considerada como posible incidente o incumplimiento que afecte el cese al fuego, antes de utilizar los medios de comunicación o las redes sociales. La mesa de diálogos generará los comunicados conjuntos correspondientes.

El documento tiene tres apartes más. En el primero se describen los compromisos que asumen de manera conjunta el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las Farc, a partir de la firma de este protocolo. En el segundo se describen los compromisos del Gobierno y en el tercero los de la guerrilla.

En ese primer aparte, las dos partes se comprometen a:

  • No afectar los derechos y libertades de la población civil.
  • No ejecutar actos de violencia o de discriminación contra la población civil, incluidos aquellos por razones de género, étnicas, religiosas o políticas.
  • No realizar operaciones militares ofensivas, operaciones especiales de la Policía Nacional y acciones ofensivas entre el Estado Mayor Central de las Farc y la Fuerza Pública.
  • No realizar actos que afecten o dañen la naturaleza en todos sus ámbitos.
  • No entrar en contacto armado entre las estructuras del Estado Mayor Central de las Farc y la Fuerza Pública. Y si esto sucede, romper el contacto inmediatamente.
  • No omitir información por los canales establecidos, para evitar incidentes y garantizar la eficiencia técnica del Mecanismo.
  • No obstaculizar misiones médicas y humanitarias o la atención de enfermos graves y heridos, así como las labores misionales de las autoridades civiles.
  • No poner en riesgo la seguridad y la integridad física de las partes que han pactado el Cese al Fuego.
  • No usar la información recolectada por las partes como ventaja militar.
  • Mantener, en todo momento, un lenguaje respetuoso y centrado en los intereses de la Paz Total.

En el segundo aparte, el Gobierno Nacional se compromete a:

  • No realizar operaciones militares ofensivas, ni operaciones especiales de la policía nacional en contra de los miembros del Estado Mayor Central de las Farc.
  • No realizar acciones que afecten o comprometan la seguridad y la integridad física de los integrantes del Estado Mayor Central de las FARC que hagan parte del MVMV.
  • No restringir el flujo y suministro normal de víveres y medicamentos destinados al Estado Mayor Central de las FARC.
  • No obstaculizar el desplazamiento de los integrantes del Estado Mayor Central de las Farc que hagan parte del MVMV en cumplimiento de las actividades propias del Mecanismo.
  • Proporcionar las condiciones de seguridad necesarias para asegurar la integridad de los integrantes del Estado Mayor Central de las FARC, de acuerdo con el protocolo sobre las áreas de presencia que hace parte del acuerdo.
  • Velar por el ejercicio del derecho al voto en cumplimiento del Artículo 258 de la Constitución Política de Colombia.

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En la última parte del documento se establece que el Estado Mayor Central de las Farc se compromete a:

  • No realizar acciones ofensivas en contra de la Fuerza Pública.
  • No desarrollar acciones ofensivas que deriven en confinamiento de la población civil.
  • No permanecer ni transitar armados, ni uniformados en cabeceras municipales, ni en vías primarias.
  • Respetar el libre ejercicio del voto y los procesos electorales.

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