Restan menos de 3 meses para las elecciones regionales de octubre próximo y hasta el 29 de agosto el plazo máximo para inscribir la cedula en la ciudad de Bogotá. Si bien hoy todas las alertas están concentradas en los hechos de violencia y el actuar de grupos armados que pondrían en jaque los comicios, para Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) hay otros factores que inquietan.

Aunque no desconoce la influencia criminal y el impacto de fenómenos como el narcotráfico –que ahora hasta son visibles en Ecuador–, pide poner lupa a asuntos como la financiación de campañas o la responsabilidad de los partidos.

(Vea también: La montaña rusa en intención de voto a Alcaldía de Bogotá: la disputa está entre tres)

El crimen del candidato Fernando Villavicencio en Ecuador recordó las peores épocas de la violencia en Colombia. ¿Hay una amenaza regional contra la democracia?

No hay país como Colombia que entienda el poder que puede tener el narcotráfico y lo que implica que se empiece a amedrentar a la ciudadanía, pero sobre todo influir en los debates políticos. En Ecuador se declaró un estado de excepción por 60 días. Pareciera una decisión razonable, pero lo que no podemos olvidar es que los procesos electorales se hacen en contextos de democracia. Debe haber debate, libre reunión y garantías para hacer proselitismo electoral.

Toda nuestra solidaridad con el pueblo ecuatoriano y con la organización de observación electoral que es Participación Ciudadana, el equivalente a la MOE en Colombia, que no la deben tener fácil. Soy la secretaria general de la Red de Observación de Integridad Electoral (RedOIE), que reúne 16 organizaciones que hacemos observación electoral. Estamos muy pendientes de lo que ocurra en Ecuador, pero también en Guatemala –que es gravísimo–, Bolivia o Perú. Vemos crisis democráticas muy fuertes en la región.

¿En qué se diferencia la violencia causada por el narcotráfico que comienza a azotar a Ecuador frente a lo que ha vivido Colombia?

Que nosotros llevamos muchísimo más tiempo haciéndole frente a las amenazas externas a la democracia. Colombia tiene unas instituciones muy fuertes que han soportado todo tipo de guerras y conflictos, incluyendo narcotráfico y economías Ilegales. Desde los 80 vemos financiación de campañas con plata del narcotráfico y después en los 90 con la parapolítica. Indiscutiblemente es un tema con el que hemos aprendido a lidiar y hacerle frente.

El asesinato de un candidato presidencial en Ecuador es gravísimo, pero ¿por qué no causa el mismo estupor el crimen de 27 candidatos en Colombia en lo que va de este periodo electoral?, ¿se volvió paisaje?

No creo que sea paisaje. Acá no tenemos sobre la mesa de manera cotidiana el número de los hechos de violencia. En todas las reuniones de Comisión de Seguimiento Electoral el principal tema que se ha tocado es la violencia. En diferentes instancias, como la última en Cúcuta, hemos llamado la atención porque se esté concentrando el relato de las elecciones en la violencia política y la presencia de los grupos armados ilegales, porque no solamente es eso. Hay procesos muy críticos de anomalías, irregularidades y delitos electorales como compra de votos. También falta una cultura ciudadana para el debate gigantesca: aquí no debatimos, nos odiamos, nos cancelamos.

Pero es un hecho que para estos comicios la violencia se ha exacerbado…

El tema de la violencia en Colombia es un talón muy fuerte y lo hemos evidenciado desde las primeras observaciones electorales que hicimos, que fueron en el contexto de la parapolítica. Sin embargo, en 2018, después de la refrendación del proceso de paz con las Farc, todos coincidimos –los medios, organizaciones y políticos–, que habíamos estado frente a las elecciones más tranquilas y menos violentas de las últimas décadas. Apenas hubo 80 hechos de violencia. Pero hoy se cuentan 231, es decir, el triple.

No vamos a desconocer eso, ni que hay una multiplicación de grupos armados ilegales sin estructuras unificadas, sino fragmentados, lo que significa que es mucho más peligroso y violento. Hay presencia del ELN en 177 municipios y, en la mayoría de ellos, están en confrontación con disidencias y con el Clan del Golfo. Esta última organización tiene capacidad de dominio y control en algunas zonas de la Costa Caribe y Chocó, lo que genera desplazamientos forzados y poblaciones confinadas.

Al término de las comisiones de seguimiento electoral muchos alertan por los niveles de violencia y algunos han llegado a decir que podrían llegar a cancelarse los comicios, ¿el país está en un escenario tan grave?, ¿o son problemas relativamente habituales?

Tenemos muchísima capacidad y experiencia en hacer procesos electorales en contextos de violencia. No estamos en una situación fácil. No quiero minimizar el impacto que tiene la violencia, pero estamos hablando de unos corredores que lamentablemente son los tradicionales de violencia: el Pacífico, Putumayo, Caquetá, Arauca, La Guajira, Norte de Santander –en particular el Catatumbo–, Córdoba y Antioquia. Y en algunas zonas de la Costa Caribe.

Acá se necesita dar seguridad a los candidatos y a la ciudadanía. Hay riesgos, pero a 3 meses de elecciones no vemos un escenario apocalíptico. Si se activa todo lo que se ha planeado desde el año pasado para hacer frente al proceso electoral se van a poder dar, en algunos territorios, las garantías esenciales.

¿Por qué en un contexto de paz total, de negociación con grupos armados y bandas, se disparó la violencia política un 75 %?

Hemos tenido como antecedente aprendido que cada que arrancan estos procesos de negociación o de diálogo se incrementa la violencia porque las partes que se sientan a la mesa necesitan mostrar que son fuertes. ¿Cómo es la forma de mostrarlo? Con mayores acciones violentas.

La MOE ha pedido la presencia del Comisionado de Paz, Danilo Rueda, en las Comisiones de Seguimiento Electoral. ¿Por qué no va?

Si se involucra al comisionado podemos tener una oportunidad interesante en 17 municipios donde el ELN tiene presencia única. Allí podríamos hacer elecciones sin ningún problema, pues están en cese bilateral. No nos han dado ninguna respuesta, pero podría ser un tema también con el Ministerio del Interior que, en últimas, es quien se encarga de toda la gobernanza del proceso y de todo lo que tiene que ver con las garantías de seguridad.

También estamos hablando más o menos de 35 municipios con presencia del Estado Mayor Central. No se pueden hacer diálogos abstrayéndose de un proceso electoral donde los actores armados y los recursos ilegales son determinantes.

Por regiones, Antioquia está en el top 5 de las más afectadas por hechos de violencia. ¿Qué dinámicas hacen al departamento tan vulnerable?

No es todo el departamento, particularmente es el norte de Antioquia, donde se evidencian procesos de carnetización y de presión para que determinadas candidaturas no puedan hacer proselitismo. También hay mensajes intimidatorios por parte de grupos armados.

¿Qué explica que a nivel nacional los candidatos más amenazados son del Pacto Histórico, el partido que hoy está en el poder?

Nos ha llamado muchísimo la atención eso. La mayoría de las organizaciones políticas se han visto afectadas por la violencia, pero indiscutiblemente hay una concentración en movimientos de izquierda y centro-izquierda. No tenemos las certezas, pero me voy a arriesgar a decir que en algunos territorios se ve una reacción frente a un partido que ganó la Presidencia y buscar evitar que pueda tener poder y presencia local. No podemos olvidar que muchos de los miembros de los partidos del centro hacia la izquierda son personas que vienen de los movimientos y las luchas sociales, entonces se entrelazan diferentes temas.

Además de violencia, narcotráfico y grupos armados, ¿qué otras amenazas hay sobre las elecciones?

La financiación de las campañas políticas y la debilidad institucional de los partidos y de nuestras instituciones para poder hacer control. No es un tema nuevo. Desde (Ernesto) Samper hemos venido con el debate de la financiación y no se ha solucionado.

Aquí ha habido un acuerdo tácito y silencioso para no generar las reformas que adopten las medidas necesarias para que efectivamente una autoridad electoral pueda hacer vigilancia y control de la financiación de las campañas, para que los partidos tengan que ser democráticos y tengan responsabilidad política frente a la decisión de cuáles son las candidaturas.

Mire un dato: el 29 de julio concluyó la inscripción de candidatos y hubo 132.553. ¿Sabe qué pasó la noche del 28 y ese mismo 29 de julio? Se inscribieron más del 60 % de los candidatos: 81.563 aproximadamente. Y entre el 29 de junio y el 27 de julio se inscribieron el 38 % de las candidaturas.

¿Qué implica eso? No creo que sea otro indicio de que dejamos todo para último momento…

Exactamente. Lo que implica es que tenemos una gran debilidad en la institucionalidad de las organizaciones políticas. No hay procesos objetivos ni democráticos de la selección de candidaturas. Si así fuera, no tendría que estarse inscribiendo el 60 % los dos últimos días.

Significa que esas organizaciones políticas –en la mayoría de los casos, no voy a decir que en todos–, no utilizaron la ventanilla única para pedir información si el candidato tiene sanciones, está investigado o inhabilitado. No hacen el debido proceso de mirar a profundidad cuál es la hoja de vida, si representa o no lo que el partido político piensa o su propuesta ideológica.

Nos tomamos de manera muy liviana lo que significa que un partido político le presente a los ciudadanos a hombres y mujeres que consideran que son los que deben gobernar el país. Esos partidos responden con su nombre, con su logo y su prestigio.

¿Cuáles son los casos más visibles de semejante debilidad institucional en los partidos?

La Guajira está en un estado de emergencia económica, social y ecológica, pero lo que tiene es una crisis política, un estado de emergencia político impresionante. Ha tenido en tres periodos 14 gobernadores. ¿Cómo es posible que teniendo las crisis que tienen (de hambre, agua o educación) con 14 gobernadores pueda tener una gobernanza democrática que permita construir un Plan de Desarrollo que los lleve hacia el futuro? Eso no existe.

Mire también a Arauca, que ha tenido en estos cuatro años cuatro gobernadores, uno por año. ¿Por qué es relevante? Porque el año pasado y el antepasado estábamos hablando de la crisis de Arauca con la presencia del ELN, con combates que había entre Venezuela y Colombia; con las dificultades de gobernabilidad que tenía ese territorio, y con la falta de control, de presencia y control por parte del Estado.

Ese fenómeno se agrava además por el boom de personerías jurídicas: ya hay 35 partidos y contando…

Si uno está en Noruega, Suecia, Alemania o Estados Unidos bien podría decir que 132.000 candidatos es indicio de una fiesta democrática. Acá es diferente: “Qué problema tan tenaz tenemos”. No tenemos las instituciones electorales, por decisión del Congreso, con capacidad suficiente para hacer vigilancia y control de la financiación de 132.000 candidaturas. Y se termina volviendo el proceso electoral en una de las lavanderías más grandes que hay en este país por tres meses. ¿Dónde está la responsabilidad política de los partidos?

Hoy hay 19 organizaciones políticas de reciente creación que registraron aproximadamente 30.000 candidatos. ¿En menos de un año esos partidos tienen la capacidad de hacer presencia en todos los departamentos avalando gente?

A veces todo esto, por lo fuerte que es la violencia, no lo vemos. Y termina siendo la violencia funcional a la corrupción. Me preocupa muchísimo cuando veo que todo el mundo pone el tema de la violencia sobre la mesa, pero no se preguntan sobre la calidad de sus candidatos y sobre dónde está saliendo la plata. ¿Quiere un ejemplo? Hay 19 candidatos a la Alcaldía en Jamundí (Valle), un número que no se ve en Bogotá ni Medellín. En estos casos, el diferencial es la plata, porque tiene mayor tarima, más eventos públicos, más propaganda electoral o capacidad de transportar ciudadanos.

Ya que habla de financiación irregular me da pie para preguntarle por el caso Nicolás Petro y el supuesto ingreso de dineros ilícitos a la campaña de Gustavo Petro. ¿Qué lectura hacen de este episodio desde la MOE?

La conclusión es que han tomado la decisión de no hacer las reformas para dar la capacidad institucional al Consejo Nacional Electoral para hacer control de la financiación de las campañas. De lo que hoy estamos hablando es de cómo podemos saber efectivamente que lo que dice una campaña que utilizó como recurso, es efectivamente lo que utilizó. Y en las presidenciales es muchísimo más crítico porque están haciendo eventos al mismo tiempo en muchísimas partes del país. Para poder controlar eso se necesita una autoridad electoral con suficiente capacidad técnica y presencia territorial.

Pero nadie modifica la legislación porque les es útil, les sirve, es funcional a un sistema que es completamente perverso electoral y políticamente. Llegar a la representación política es muy difícil, pero cuando ya logran entrar, salir es muy difícil. Porque cuando ya tienen el cargo y los puestos ya fluye la financiación, por encima y por debajo de la mesa. Lograr superar esa barrera y entrar es lo complicado.

Esa reforma, en el caso del CNE, ¿también implicaría cambiar la forma como son elegidos esos magistrados, que en su mayoría son políticos que se queman?

Teniendo tan alta dignidad, la de magistrados, deberían tener unas exigencias. Por ejemplo, que en los últimos 10 años no hayan estado en ningún cargo de elección popular o en la dirección de una organización política. Y, además, unas inhabilidades de salida: que no pueda lanzarse a ningún cargo de elección popular, ni hacer parte de las directivas de una organización política. Tampoco ser asesor. Todo esto por lo menos durante los siguientes 5 años. Pero aquí lo que tenemos es un origen político muy marcado.

La reforma a la arquitectura institucional electoral que se propuso el año pasado ni siquiera pasó el primer debate. No hubo ni siquiera esa primera discusión, que es un debate de cortesía. A nadie se le niega un primer debate, muchísimo menos si te llamas Humberto de la Calle. Pero acá no existió.

Nos debemos ese debate profundo con los temas de democracia y son en estos procesos electorales que se deben dar, porque después se enfría. Hay que discutir si las reglas que tenemos son adecuadas para tener un proceso electoral equitativo y transparente.

¿Qué hacer para evitar el boom de grupos dedicados a la recolección de firmas? En 2023 se inscribieron 1.440, 187 más frente a 2019, los cuales tienen ventajas como hacer campaña anticipada…

Se necesita una reforma política, pero pareciera que no la quieren hacer, aunque creo que ya entendieron que la van a tener que hacer frente a estos grupos. Del total de los que se inscribieron para recoger firmas, alrededor del 50 % realmente las entregó. De ese total, tenemos una disminución del 38 % de grupos frente a las elecciones de 2019.

Si bien como grupos significativos de ciudadanos pueden hacer campaña anticipada, recoger firmas y hacer reuniones, ahora hay 35 partidos políticos, eso quiere decir que los avales están mucho más fáciles de conseguir.

También ustedes alertaban por dificultades con la contratación de auditorías y con procesos de vigilancia tecnológica para las elecciones de octubre. ¿Cuáles son esos riesgos?

Ese es uno de nuestros llamados. Por concentrarnos a veces solo y exclusivamente en el tema de la violencia, se nos olvida que estamos hablando de un proceso electoral que es muchísimo más complejo. Van 9 meses de proceso electoral y la auditoría que contrata la misma Registraduría apenas va a empezar a funcionar a partir del 19 de agosto. Entonces, va a terminar siendo una auditoría para muchos procesos forense. Además, no habrá ninguna auditoría independiente. El Consejo Nacional Electoral no va a hacer ninguna auditoría. Tendremos pruebas, pero no auditorías. 

Finalmente, ¿qué decir en materia de irregularidades o hallazgos frente a la inscripción de cédulas?

Hoy tenemos una ventaja grandísima y es que se puede hacer el análisis hasta por puesto de votación. Hemos afinado muchísimo el instrumento para entregar, inclusive, nombres específicos de puestos de votación con comportamientos atípicos. Hay varios casos con un nivel atípico por alta inscripción de cédulas, pues cuentan con una tasa de inscripción más de 4 veces por encima de la tasa nacional, entre ellos, La Jagua del Pilar (La Guajira), Puerto Gaitán (Meta) y Atrato (Chocó).

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