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Una grave alerta lanzó este viernes la Procuraduría al revelar que 27.891 ciudadanos no se encuentran en las bases de datos de las ciudades o municipios donde realizaron la inscripción para ejercer su derecho al voto, lo que constituye el delito de trashumancia electoral. Es decir, votar en un lugar distinto al que reside.
“Dentro de nuestra vigilancia preventiva identificamos que los municipios con mayor número de ciudadanos que no corresponden a las bases de datos del municipio son: Bogotá (3.786), Cúcuta (1.251), Medellín (995), Ibagué (899) y Barranquilla (878 casos)”, reveló la procuradora Margarita Cabello, que creó una agencia especial para investigar a Petro, en medio de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento Electoral.
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Por eso, solicitó que se investiguen las presuntas irregularidades que se estarían presentando en la inscripción de cédulas para las elecciones 2023, debido a que la información está contrastada con las bases de datos del Sistema Nacional de Identificación y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), con la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud (BDUA) y el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN).
En este sentido, el Ministerio Público le pidió a las autoridades electorales la relación de los 1.739.105 ciudadanos inscritos, con corte al 20 de julio, para actualizar su residencia electoral para las elecciones del próximo 29 de octubre (estos son los beneficios de votar), así como de los más de dos millones inscritos a corte de agosto de 2023.
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El pasado mes de julio La Fundación Paz & Reconciliación (Pares), quien ha venido monitoreando las acciones de violencia política en el periodo preelectoral, reveló que desde el 29 de octubre de 2022 hasta esa fecha se registraron 152 víctimas únicas de violencia electoral, MOE afirma que son las elecciones más violentas desde 2006 en 116 hechos asociados.
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