Durante el primer periodo de Gobierno, el presidente Gustavo Petro contará inicialmente para su administración con un presupuesto general de la Nación de $ 405,6 billones para gastos e inversión. Sin embargo, en su distribución la mayor inversión será para el campo y una de las menores para el sistema carcelario.
El presupuesto destinado para la justicia pasó de $ 700.000 millones a $ 500.000 millones en su inversión.
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El recorte hecho al sector afectaría el recurso mediante el cual se iba a ampliar la infraestructura de las cárceles en el territorio nacional.
La decisión no ha generado mayores sorpresas debido a que desde el inicio del nuevo Gobierno el ministro de Justicia, Néstor Osuna, indicó que la administración no estaba interesada en construir más cárceles.
“Si uno tomara una medida de descriminalización y mañana salen 5.000 personas, hizo mal la tarea. Porque van a salir a hacer lo mismo que estaban haciendo antes. Nuestra tarea es que, a lo largo de este periodo de privación de la libertad, aprendan un oficio, consigan un empleo”, dijo Osuna en un evento en la universidad Externado.
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Panorama de las cárceles en Cesar
Sin embargo, ese panorama podría afectar al departamento del Cesar, que desde administraciones anteriores está gestionando la realización de otra cárcel.
“El gobierno departamental del Cesar estaba adquiriendo unos lotes que están entre San Diego y Codazzi para que a través del Ministerio de Justicia se gestionara”, manifestó Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno departamental.
Aunque la iniciativa no ha avanzado lo suficiente, podría quedar sin piso ante el nuevo programa de Gobierno.
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Lo que traduce a que las autoridades deberán aplicar las estrategias establecidas para disminuir el hacinamiento y las problemáticas de los centros carcelarios de la región.
“Respetamos y acogemos la nueva propuesta del Gobierno Nacional que no hay recursos para esos menesteres. Entonces, estamos buscando y tratando de pasar condenados que están en las diferentes estaciones de Policía. Estamos exhortando los convenios que están firmando las alcaldías con el Inpec para poder hacer traslados”, puntualizó Esquivel.
De acuerdo al último reporte de la Procuraduría, los traslados previstos desde los centros de paso a las cárceles están en Agustín Codazzi, con 18 internos; Pueblo Bello, con ocho; El Copey, con 22; Bosconia, con 16; Manaure, con ocho; La Jagua de Ibirico, con 35; Curumaní, con 13; El Paso, con 20; y Valledupar, con 300.
La agricultura es uno de los sectores que más aumentó su presupuesto de inversión con 3,18 billones de pesos. Estos se concentrarán en formalización de tierras, ordenamiento de la propiedad rural y financiación de proyectos de desarrollo agropecuario.
Los otros recursos quedaron así en los ministerios: Educación, $ 54,8 billones; Salud, $ 50,7 billones; Hacienda, $ 48,7 billones; Trabajo, $37,9 billones; Transporte, $ 14,8 billones; Vivienda, $ 6,4 billones; Minas y Energía, $ 7,6 billones; Defensa y Policía, $ 48,3 billones y Agricultura, $ 4,1 billones.
El presupuesto general de la nación del 2023 tuvo el visto bueno del Congreso, pero a este todavía falta sumarle el recurso que se obtenga mediante la reforma tributaria.
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