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Un análisis efectuado por la Corte Constitucional evidenció serias deficiencias en la gestión de centros de detención transitoria en Risaralda. Según la investigación divulgada por ese alto tribunal, la administración departamental no logró acreditar la existencia de un inventario real de bienes inmuebles aptos para este tipo de uso ni pudo demostrar la celebración de algún contrato que generara un impacto tangible en la infraestructura penitenciaria. Esto significa, de acuerdo con lo observado por la Corte, que Risaralda no presentó un reporte con posibles escenarios para la adecuación de estos espacios, omitiendo así una obligación clave para garantizar condiciones mínimas a las personas privadas de la libertad en condición de sindicados.
Actualmente, solo Pereira, capital del departamento, posee un establecimiento de reclusión transitorio; en los otros trece municipios, los detenidos son llevados a estaciones de policía mientras esperan decisiones judiciales. Si bien estos centros tienen el carácter de provisionales, en la práctica hay personas que permanecen durante semanas o meses, a pesar de que la Corte Constitucional recuerda que ninguna persona debe permanecer en esos lugares por más de 36 horas.
El informe reconoce que, en Risaralda, han existido acciones con efecto material como transferencias directas para mejorar la alimentación de los internos, pero considera que estos avances son insuficientes frente a la magnitud del problema. El hacinamiento, una de las vulneraciones más frecuentes, no ha sido resuelto. Dentro de los proyectos a futuro está la adecuación de la cárcel La 40 para sindicados, iniciativa que podría entrar en operación una vez concluyan las obras del nuevo centro penitenciario en El Pílamo, estimadas para 2027. Allí serían trasladados más de 100 reclusos que hoy están en la Unidad de Permanente de Protección a la Vida (UPPV) y eventualmente sindicados de otros municipios, pues La 40 tiene capacidad para más de 600 internos.
Las alertas no solo provienen de la Corte Constitucional. Organismos como la Defensoría del Pueblo y las personerías han detectado un “estado de cosas inconstitucional” por fallas como el hacinamiento, carencia de atención médica y falta de espacios para resocialización, además de problemas adicionales como escapes, ingreso de armas cortopunzantes y drogas ilegales. Ante este panorama, la Corte ordenó medidas urgentes para evitar nuevas vulneraciones, exigiendo a todas las gobernaciones la elaboración de un Plan de Atención Integral con inventario georreferenciado, cronogramas e identificaciones técnicas de déficit de cupos, apoyado por un esquema de cofinanciación presentado por el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Justicia, enfatizando la dificultad que enfrentan los municipios de sexta categoría, que no cuentan con recursos suficientes.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cuáles son las principales problemáticas en los centros de detención transitoria en Risaralda?
De acuerdo con lo reportado por la Corte Constitucional y organismos como la Defensoría del Pueblo, los centros de detención transitoria en Risaralda enfrentan situaciones graves como hacinamiento, falta de atención médica, carencia de espacios adecuados para la resocialización y peligros asociados al ingreso de armas y drogas ilegales. Esto, sumado a la permanencia prolongada de los sindicados en lugares que, por ley, solo permiten estancias máximas de 36 horas.
¿Qué medidas ordenó la Corte Constitucional para mejorar los centros de detención transitoria en el departamento?
Según la Corte Constitucional, las gobernaciones deben crear un Plan de Atención Integral que incluya un inventario georreferenciado de espacios disponibles, cronogramas de implementación con metas claras, fuentes de financiamiento y medidas de contingencia. Además, se contempla una línea de cofinanciación nacional para municipios con pocos recursos, con especial atención a los de sexta categoría, como es el caso de la mayoría de municipios en Risaralda.
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