Daniel Alejandro Zapata es considerado la primera víctima de la extralimitación de funciones y la violencia estatal desplegada por miembros de la Policía durante el paro nacional de 2021 en Bogotá. El joven de entonces 20 años, durante nueve días soportó el impacto de un proyectil de lanzagases, hasta que falleció en la clínica Eusalud. Dos años después, la Fiscalía dio a conocer el primer avance en el caso.

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El ente investigador acaba de imputar, por el delito de homicidio, a los policías en retiro Jorge Enrique Bombita y Abberson de Jesús Acosta. Ambos pertenecían el Esmad cuando, el 1 de mayo de 201, en el portal Banderas de Bogotá, Zapata fue impactado en la cabeza. La hipótesis del caso establece que, por acción y por su posición de garantes, los expolicías deben responder por el asesinato de la víctima.

“El material de prueba da cuenta de que el patrullero en retiro Acosta disparó un ‘true fly’ o lanzagases sin cumplir con los protocolos de uso definidos para este tipo de artefactos, pues lo accionó de manera lineal y directa impactando en la cabeza a Daniel Alejandro Zapata Pabón, quien fue trasladado a un centro asistencial y falleció 10 días después”, señaló la Fiscalía.

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Por otro lado, la Fiscalía estableció que el entonces intendente Bombita estaba al mando del grupo del Esmad que atendía la protesta y, al parecer, dio la instrucción de intervenir la vía que era ocupada por varias personas. Con su actuar, imputó la Fiscalía, habría desatendido su posición de protector de la población civil.

Con la imputación de Bombita, la Fiscalía avanza en las peticiones que desde 2021 han impulsado organizaciones de derechos humanos. Dado que, en este tipo de casos solo se ha imputado a policías cuya arma de dotación coincide con los casquillos hallados en los cuerpos de las víctimas, desde las oenegés se ha pedido que la posición de garante sea suficiente para procesar a presuntos victimarios por homicidio.

Los fiscales del Valle fueron los primeros en seguir esa línea de investigación. De hecho, el coronel de la Policía, Edgar Vega, comandante de operaciones especiales de Cali, está en juicio por los delitos de homicidio y lesiones personales. No se le recrimina haber accionado su arma, sino presuntamente fallar en su posición de garante, en una ciudad que presentó en el paro nacional al menos 45 muertes violentas, según el Indepaz. A nivel nacional, las cifras superar las 80 muertes.

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