El anunció lo hizo la Procuraduría por medio de un trino, y reforzó su posición con un comunicado en el que expone los argumentos para afirmar que la “Corte Suprema de Justicia perdió la competencia” debido a que Álvaro Uribe Vélez renunció a su curul como senador.

“[…] con la separación definitiva del entonces congresista a su curul, desaparece el fuero que la Constitución le otorgaba, por lo que la Corte Suprema solo podrá conocer de los procesos en los que los presuntos delitos tuvieran relación directa con su función de congresista”, argumenta el organismo de control, sobre los presuntos delitos que enfrenta el expresidente: soborno en actuación penal y fraude procesal.

Otro de los argumentos a los que alude la Procuraduría es a que la Sala de Instrucción de la Corte, que lleva el caso, “no relacionó actuaciones desplegadas” por el exsenador Uribe para intentar consolidar un abuso de poder, o para incidir en hechos electorales que dieran paso “a un acercamiento a las regiones de manera delictiva para consolidar su dominio y el posicionamiento en el cargo”.

Tampoco, alega el ente, se demostró que el político “hubiera utilizado servidores de su UTL o que pusiera en peligro latente su actividad en el Congreso”.

“No hay prueba de que el doctor Uribe Vélez –con ocasión de los presuntos punibles en los que incurrió-, hubiere comportado un ejercicio abusivo de sus funciones o eficaz para acceder a la posición de poder…”, concluye la Procuraduría en su escrito.

La posición de la Procuraduría se conoce en medio del debate que hay sobre si el proceso del exsenador Uribe debe continuar en la Corte o pasar a la Fiscalía, y abogados y especialistas en el tema han dado sus argumentos a favor y en contra del caso.

El mismo expresidente ya había dicho, en julio de 2018, que su renuncia a la curul no le quitaría competencia a la Corte, y hasta recordó, en un trino, que la acusación que le hacen por testigos “la basan en hechos realizados a tiempo” que él ejerció como senador, “lo cual mantiene la competencia de la Corte”.

No obstante, para este caso, defensores del expresidente Uribe y hasta sus hijos creen que es un “preso político”, y dicen que en la Corte no encuentra las garantías necesarias para ejercer su defensa.