La teniente Aleida del Pilar González y los patrulleros Joge Eliécer Suárez Orduz y Gabriel Ruiz Moreno fueron acusados de “homicidio agravado en concurso sucesivo y homogéneo por comisión por omisión, y homicidio agravado tentado”, cargos que los policías no aceptaron.

La Fiscalía detalló en un comunicado que de acuerdo con los elementos de prueba obtenidos en la investigación los “uniformados no habrían controlado la conflagración ocasionada por un amotinamiento y, supuestamente, desconocieron el deber que les asiste de garantizar la vida e integridad de las personas privadas de la libertad que están a su cuidado”.

El incendio, que ocurrió en la estación de policía del barrio San Mateo, le ocasionó la muerte a ocho detenidos y heridas graves a tres personas más. En el lugar murió uno de los detenidos, mientras que las otras víctimas fallecieron en centros asistenciales a consecuencia de las quemaduras.

La investigación da cuenta de que la subteniente González, quien estaba al mando de la estación, mantuvo “la decisión de suspender las visitas a las personas privadas de la libertad, situación que, al parecer, fue la causa del levantamiento y el incendio”.

Según la Fiscalía, el patrullero Suárez Orduz habría “actuado con indiferencia y no accionó un extinguidor que estaba a pocos metros de su puesto de servicio para intentar apagar las llamas“. Mientras tanto, contra el patrullero Ruiz Moreno hay imágenes y testimonios que evidenciarían su pasividad ante la tragedia que sucedía.

Según la Policía, ese día en la Estación de San Mateo, en Soacha, había 11 personas detenidas que prendieron fuego a sus colchonetas y “como consecuencia de estos hechos, la totalidad de los presuntos responsables resultaron lesionados con quemaduras de primer y segundo grado“.

Sobre este caso, la Procuraduría asumió su propia investigación que busca establecer las acciones desplegadas por los uniformados una vez iniciado el incendio, así como conocer si resultan ciertas las denuncias de que en el lugar permanecían 20 jóvenes quienes protestaron porque se les habría negado la posibilidad de tener una visita familiar.