El objetivo central de la misiva es anunciar la puesta en marcha del Pacto Político Nacional contra la violencia acordado en el proceso de paz, pero la Farc también habla de incumplimientos por parte del Gobierno y el asesinato de los líderes sociales.

El partido señala que ahora como movimiento político se comprometen con la ONU a hacer efectiva la “obligatoria implementación” del punto 3.4.2 del Acuerdo Final en el que se pone en marcha este pacto contra la violencia impulsado desde las regiones, sobre todo en las más afectadas por el conflicto.

Con este pacto se quiere comprometer a todos los colombianos “para que nunca más se utilicen las armas en la política, ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo”.

El acuerdo de paz, además compromete al Gobierno Nacional a desarrollar una política de persecución penal, sanciones administrativas y disciplinarias” para quienes participen en esas actividades criminales, además, contemplen medidas de sometimiento a la justicia”.

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La carta no cayó bien en el Gobierno, que decidió suspender la reunión que se haría este lunes entre los delegados de paz de Duque y de la Farc en la Comisión de Seguimiento, impulso y verificación a la implementación del acuerdo de La Habana (CSIVI), como lo anunció Emilio Archila, alto consejero para el Posconflicto.

Archila agregó en un comunicado: “Es una suspensión temporal de esa sesión para poder analizar la carta, que es la forma responsable como debemos actuar ante una manifestación de ellos [Farc] con relación al cumplimiento de los acuerdos”.

Según dijo el funcionario, la Farc citó una rueda de prensa a la misma hora de la reunión y, además, esta se suspendió porque el partido dirigió la carta a la ONU “sin haberla puesto en conocimiento del Gobierno” y sin haberla discutido en la CSIVI, “como corresponde”.

La respuesta de la Farc a esa afirmación la hizo en Twitter el senador de ese partido Carlos Antonio Lozada:

La Farc dice en el documento que con el Gobierno o sin él, se comprometen con este pacto contra la violencia y le señalaron que también es una “obligación” suya. Por su lado, el Gobierno dice que no comparten la interpretación del partido sobre que “el no uso de las armas en la política se deba simplemente circunscribir a documentos de buenas intenciones” y tampoco se debe “reducir a actos simbólicos”.

Por su parte, Jairo Estrada, delegado de la Farc en la comisión, señaló citado por W Radio: “Nuestra opinión es que es una reacción inesperada que entendemos como un pretexto para no abordar las tareas que tiene la CSIVI y que están represadas hace casi dos meses”.

Entre tanto, en otros apartes de la carta, la Farc le dice al Consejo de Seguridad de la ONU que comparten la “preocupación por el patrón persistente de matanza sistemática de líderes sociales y comunitarios” y los asesinatos “de exmiembros de las antiguas Farc-EP”.

También le agradecieron el llamado que le hicieron al Gobierno a respetar “plenamente la independencia y la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz”, el apoyo a la comisión “para el establecimiento de la verdad y la reconciliación” y su intención de “trabajar con Colombia para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz”.