Estas situaciones generan “total incertidumbre frente al nivel de riesgo del proyecto, así como la falta de control sobre la infraestructura utilizada en su ejecución”.
Por eso, se hace necesaria “la adopción de medidas urgentes bajo estándares de debida diligencia a cargo de los organismos de control y supervisión, proporcionales al grado de riesgo y daño que representa Hidroituango”, señaló el órgano de control.
Ahora, Empresas Públicas de Medellín (EPM) estará bajo vigilancia y control societario “teniendo en cuenta que han suministrado información que presuntamente no se ajusta a la realidad”, señaló el Ministerio Público.
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Esa situación amerita investigar a la empresa, adoptar medidas de intervención, designar un agente interventor para estos efectos.
Así mismo, la Procuraduría recordó la obligación y el deber que tiene el Estado colombiano de supervisar el cumplimiento de las normas societarias.
También sobre el ejercicio del control administrativo sobre operadores públicos y privados involucrados en este proyecto, a través del monitoreo de las actividades que ejecutan las empresas dentro del giro ordinario de sus negocios.
“Actualmente se presenta un panorama de total incertidumbre generador de potenciales riesgos y amenazadas para la región, donde la inseguridad de los habitantes de aproximadamente 15 municipios es un aspecto que debe ser considerado prioritario y fundamental en la agenda de las entidades del Estado”, y por tanto, se hace necesario “la adopción de medidas urgentes bajo estándares de debida diligencia a cargo de los organismos de control y supervisión, proporcionales al grado de riesgo y daño que representa Hidroituango”.
El Ministerio Público pidió a la Supersociedades remitir informe de las acciones que se adelanten en relación con las presuntas irregularidades presentadas en el proyecto.
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