La Fiscalía General de la Nación informó, según W Radio, que no se volverán a presentar los preacuerdos firmados con el empresario Carlos Mattos, en el marco de la investigación que se le adelanta por el supuesto soborno entregado a jueces y funcionarios judiciales para ser favorecido en medio del caso Hyundai.
Según la emisora, el ente acusador no insistirá en presentar el preacuerdo que ya había sido tumbado por el Juzgado 30 de conocimiento de Bogotá; así mismo, señaló que el otro principio de oportunidad, con el que buscaba beneficios en la pena para Mattos, fue retirado, lo que significa que el empresario tendrá que ir a juicio.
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El otro preacuerdo al que hace alusión la emisora es el que debía definir la juez civil Ligia del Carmen Hernández, con el cual, según Radio Nacional, buscaba una pena de 36 meses de prisión para el empresario.
“Fuentes del ente acusador aseguraron que no se volverá a firmar un acuerdo con Mattos, ni se presentará un principio de oportunidad, por lo que el empresario deberá ir a juicio”, indicó la cadena radial.
Juez tumbó preacuerdo con Carlos Mattos
Uno de los dos preacuerdos presentados por la Fiscalía en el caso de Mattos establecía una multa de 96 millones de pesos, 56 meses de prisión e inhabilidad de 53 meses; además el empresario debía entregar un millón de dólares para reparar el sistema judicial colombiano por los daños y perjuicios causados por su actuación.
El Juzgado 30 de conocimiento de Bogotá consideró que la Fiscalía “no solamente concedió la rebaja de una tercera parte de la pena, sino que al momento de la dosificación, por un lapsus, terminó finalmente eliminado un cargo de la acusación formulada, lo que constituye un doble beneficio que impide aprobar la negociación”.
Mattos fue protagonista de una investigación que dejó al descubierto cómo salía y entraba de la cárcel La Picota con la protección de agentes del Inpec, pese a que debía permanecer recluido en el centro penitenciario.
El empresario fue grabado en varias oportunidades transportándose en carros de la autoridad carcelaria que lo llevaban a citas médicas y a su oficina particular en el norte de Bogotá donde recibía visitas y atendía reuniones.
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