La Procuraduría General llamó a juicio al exdirector de la cárcel La Picota, Wilmer José Valencia Ladrón de Guevara, y tres dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), por las presuntas irregularidades en el cumplimiento de la orden de remisión médica emitida a favor del corrupto empresario Carlos Mattos, en la que habría omitido solicitar y coordinar el apoyo de la fuerza pública para el traslado del interno.
El Ministerio Público señaló que, al parecer, por la actuación del exdirector la remisión de la persona privada de la libertad no se realizó con la debida vigilancia y seguridad que se requería, situación que provocó que no regresara de inmediato a las instalaciones del complejo carcelario La Picota, en el sur de la capital del país. Esos movimientos irregulares fueron revelados por la unidad de investigación de Noticias Caracol en marzo de 2022.
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Según el Ministerio Público, Valencia posiblemente faltó a su deber de cumplir con diligencia e imparcialidad el servicio encomendado al no contemplar las medidas de seguridad necesarias para el traslado de Mattos e incumplió la orden que le habían sido impartida, con lo que pudo impactar de manera directa el ejercicio de la labor que le fue encomendada.
De igual manera, el órgano de control señaló que “con su proceder omisivo se permitió un trato preferencial al señor Mattos Barrero”, lo que produjo que el detenido cuestionara la autoridad penitenciaria, sin tener presente el trato igualitario que se le debe dar a todos los internos. Provisionalmente, la falta endilgada al disciplinable fue calificada como grave a título de culpa gravísima. El proceso pasará a etapa de juzgamiento, en la que determinará si la falta imputada fue cometida y donde el exdirector podrá defenderse.
Precisamente, la defensa del exdirector de La Picota le dijo a la Procuraduría que la remisión de permisos de salida por motivos médicos es una función que se escapa al cargo que mantenía como cabeza del centro carcelario y que esas acciones la toman otros funcionarios. Es decir, que las remisiones no fueron firmadas por el exdirector Valencia, dice su defensa ante el Ministerio Público.
Sin embargo, lo que dice la Procuraduría es todo lo contrario. En el pliego de cargos en su contra el Ministerio Público señala que entre el 18 y 23 de febrero de 2022 este firmó las resoluciones que autorizaban remisiones médicas. “no actuó con eficiencia y eficacia”, ya que era su deber, dice el ente de control, coordinar que esas salidas tuvieran el acompañamiento de funcionarios de la Fuerza Pública y no solo del Inpec, concluye el documento.
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