La entidad ambiental anunció que anunció que por ahora no firmará convenios de cofinanciacion de plantas de tratamiento de aguas residuales que estaban en camino de suscribirse con otras entidades territoriales, ni ejecutará los ya firmados en el marco del cumplimiento del fallo judicial que ordena la recuperación del Río Bogotá.

Además, advirtió la suspensión de los procesos para las plantas de tratamiento de Villapinzón, Sopó, Suesca y Girardot, obras que hacen parte del proyecto de recuperación del río Bogotá.

Ese convenio al que se refiere la CAR estaba próximo a firmarse con la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, por cerca de $1.200 millones de dólares.

Franco explicó que la Procuraduría pide que para la celebración de cualquier convenio interadministrativo de cofinanciación entre entidades públicas, encaminado a integrar esfuerzos para ejecutar una obra, es requisito esencial que se cuente previo a la firma del convenio, con todos los estudios y diseños técnicos suficientes, completos y actualizados.

“Así las cosas, y mientras no se dilucide el asunto, la CAR se abstendrá de firmar Convenio de cofinanciación alguna para la construcción de la PTAR CANOAS y por ende no aportará la suma prevista en 500 millones de dólares para tal Proyecto”, puntualizó la entidad.

Cabe recordar que fue por irregularidades en un proyecto similar, la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Chía PTAR II, que la Procuraduría destituyó e inhabilitó por diez años a Franco; decisión que fue apelada por el funcionario.

El Ministerio Público señaló que el convenio suscrito por la CAR con la Empresa de Servicios Públicos de Chía, Emserchía, y la alcaldía del municipio, por más de $35 mil millones, no se encontraba en condiciones de ser ejecutado.

El órgano de control señaló que los estudios y diseños planteados no eran suficientes ni estaban actualizados y completos para ejecutar el proyecto, lo que llevó a retrasos en la ejecución de las obras y a un reajuste en el valor, que ascendió a 62.876 millones de pesos.

Por esos hechos, “la Procuraduría calificó la conducta de Franco González como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima”.