El funcionario judicial es acusado de haber incluido irregularmente el número celular del presidente para Latinoamérica del Grupo Enel-Codensa para que sus comunicaciones fueran espiadas desde la Sala Diamante de la Fiscalía, donde él trabajaba, indicó la Fiscalía.
Cabe recordar que esta sala es un laboratorio tecnológico de la entidad en el que se hacen interceptaciones legales, pues tienen autorización judicial. Allí, Martínez Lugo ejercía como fiscal 32 especializado contra las Organizaciones Criminales.
El ente acusador agregó que al funcionario judicial se le imputarán los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, fraude procesal, violación y utilización ilícita de comunicaciones.
El fiscal fue descubierto luego de que se estableciera su vínculo con Luis Carlos Gómez Góngora, investigador del CTI que tenía a cargo la coordinación de dicha sala en el búnker y que fue capturado en diciembre pasado por chuzar a pilotos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) cuando adelantaban negociaciones con Avianca durante el paro, explicó la Fiscalía.
En medio de esa investigación se encontró el número del empresario que estaba siendo interceptado sin orden judicial y se conectó con el fiscal capturado este miércoles.
Este caso de chuzadas es el mismo que salpicó al general en retiro de la Policía Humberto Guatibonza luego de ser desmantelada una red que operaba desde Cali e Ipiales y por la que fueron capturados tres oficiales retirados del Ejército y una particular que son señalados de obtener y vender ilegalmente información reservada de políticos, empresas, integrantes de la fuerza pública, parejas, funcionarios judiciales y de la misma Fiscalía.
Guatibonza permanece recluido con el beneficio de casa por cárcel mientras se adelantan las investigaciones. La medida también cobijó a su exjefe de prensa en la Policía de Bogotá, Carlos Arenas, y al particular Julián Villarraga, también vinculado al escándalo.
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