Un contrato suscrito por 828 millones de pesos tiene en problemas a una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, esto porque el objetivo de dicho documento suscrito era poner en marcha un sistema para gestionar documentos de la cartera, de manera electrónica, meta que no fue cumplida.

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El convenio, suscrito entre septiembre de 2016 y enero de 2018, además debía ejecutar una serie de contratos con operadores que brindaran soporte y mantenimiento al sistema. Pese a ello, la Fiscalía General de la Nación aseguró que el acuerdo se hizo de manera directa por falta de participantes en la licitación.

Claudia Esperanza Amaya es la salpicada en este escándalo, pues se encontraba dentro de la Dirección Técnica de la Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales  y era quien supervisaba los procesos y quien, según Caracol Radio, realizó un informe final de interventoría, certificando el cumplimiento de todo el contrato, cuando en realidad no se dio así.

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Tras adelantar el proceso, la Fiscalía le imputó a la funcionaria los cargos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos a Amaya, tras emitir paz y salvos en contratos que no se cumplieron totalmente.

Según información del mismo medio radial, el detrimento patrimonial del contrato suscrito, sería de al menos 399 millones de pesos, en los que también serían investigados e imputados otros funcionarios de la Cancillería implicados en el caso.

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“Se advierte que la procesada posiblemente se concertó con un particular y otro servidor público, para asumir funciones de sus superiores, otorgando paz y salvos sobre 3 contratos que no fueron ejecutados”, dijo el fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública.

Frente a las acusaciones de la Fiscalía, Amaya, que lleva casi 30 años trabajando para ese Ministerio, no aceptó los cargos.

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