De acuerdo con consultas realizadas por El Tiempo, el proceso de instalación de los dispositivos de monitoreo requieren al menos de tres meses porque “hacen analítica y ofrecen al menos diez variables: desde el número y clase de vehículos que circulan hasta el promedio de velocidad, pasando por la ubicación de cuerpos extraños en la vía”.

Actualmente, las 140 cámaras instaladas en carreteras del país están a cargo de la empresa Sims Technologies SAS gracias a un contrato que asciende a alrededor de 8.352 millones de pesos y que ya había sido prorrogado por dos meses más.

Pero esa no será la escena el próximo 31 de agosto cuando se termine el acuerdo legal entre la empresa operadora y la entidad pública encargada del tema. Según investigaciones del diario capitalino, “funcionarios del Invías aseguraron que hay serias fricciones entre el contratista y Clara Margarita Montilla, secretaria general de la entidad, encargada del Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales”.

El medio conoció a través de un oficio que la Procuraduría estaría indagando irregularidades en el contrato que hace parte del Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales.

Estas tendrían que ver, por ejemplo, con omisión de entrega de información para la ejecución del contrato por parte de Invías que habría entorpecido la implementación de los sistemas de vigilancia en carros del Ejército.