El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La denuncia pública surgida durante el Modelo de Simulación de Naciones Unidas (SIMONU) en Bogotá ha sacado a la luz una problemática que va más allá de una mala gestión alimentaria. Durante el evento, se evidenció una notoria diferencia entre los refrigerios entregados a estudiantes de colegios públicos y privados: mientras que unos recibieron galletas y yogur, otros obtuvieron brownies y pasteles, así como un empaque distintivo. Este hecho, reportado en el artículo original, refleja no solo una brecha material sino también una marca simbólica de las desigualdades que persisten en el sistema educativo bogotano.
El subsecretario Diego Escallón explicó que el Plan de Alimentación Escolar (PAE) está circunscrito por mandato legal a los estudiantes de colegios públicos, motivo por el cual la Secretaría de Educación de Bogotá contrata otro operador para la alimentación en instituciones privadas. Tal diferenciación legal conduce a menús y presentaciones distintas, aunque la explicación administrativa no repara en las repercusiones psicológicas y sociales que dicho trato desigual puede acarrear. De acuerdo con informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las políticas de alimentación escolar deben garantizar no solo la adecuada nutrición sino también fomentar inclusión y equidad, ya que la percepción de injusticia puede debilitar la confianza de los estudiantes tanto en las instituciones educativas como en la política pública.
La reacción de la Secretaría de Educación, que calificó la protesta pacífica de estudiantes y docentes como “sabotaje” o “instrumentalización”, expone un enfoque defensivo que parece eludir el debate de fondo sobre posibles privilegios y sesgos en el diseño e implementación de políticas públicas. Voces como la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) han advertido sobre la tendencia institucional a favorecer la privatización educativa, lo que revelaría un trasfondo de parcialidad en la administración de recursos y oportunidades.
Este episodio se inserta en un contexto de segregación socioeconómica que caracteriza a la educación en Bogotá, como lo muestran cifras recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Las divergencias en recursos, infraestructura y atención a estudiantes de colegios públicos frente a privados no solamente determinan el acceso a servicios, sino que estructuran trayectorias educativas y oportunidades futuras profundamente desiguales. El caso de SIMONU se entiende, entonces, como un síntoma visible de una brecha sistémica más amplia.
Frente a estos cuestionamientos, es crucial que las autoridades educativas avancen hacia modelos de alimentación escolar que no solo cumplan con estándares nutricionales, sino que sean percibidos como equitativos y dignos por toda la comunidad estudiantil. El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Colombia ha subrayado que fortalecer la participación de estudiantes y docentes en procesos de toma de decisiones, así como promover la transparencia, contribuye a legitimar las instituciones y reducir procesos de exclusión. El desafío, de alcance global, es garantizar no solo acceso, sino igualdad y dignidad en los servicios escolares, evitando que el sistema legitime las desigualdades que pretende combatir.
¿Por qué el Plan de Alimentación Escolar (PAE) solo aplica para colegios públicos? La pregunta surge porque durante SIMONU se evidenció un trato diferente en alimentación entre estudiantes de sectores públicos y privados. Según la Secretaría de Educación de Bogotá, el PAE es un programa cuya legislación se dirige únicamente a la población escolar que asiste a colegios públicos, razón por la cual la contratación y el menú son diferentes para instituciones privadas. Esta distinción, aunque legalmente justificada, adquiere relevancia al evidenciar brechas en el acceso a servicios básicos, replanteando los enfoques actuales para garantizar igualdad en la experiencia educativa, tal como lo sugieren informes de organismos internacionales y nacionales.
¿Cómo pueden los estudiantes incidir en la discusión sobre equidad en educación? La relevancia de esta pregunta radica en que la participación estudiantil, al evidenciar un problema como la desigualdad en los servicios escolares, puede ser motor de cambio. Diversos análisis, como los del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional, señalan que plataformas como SIMONU abren espacios de deliberación y denuncia; sin embargo, la respuesta institucional suele centrar la atención en el control y no en el diálogo. Fomentar la participación activa de estudiantes y docentes es fundamental para identificar problemáticas estructurales y construir soluciones colectivas que refuercen la justicia y legitimidad en la educación.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
