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El Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate el Acuerdo por una Ciudad Inteligente, una reforma tributaria propuesta por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán. Esta iniciativa busca fortalecer las finanzas de Bogotá, modernizar el sistema de alumbrado público y propiciar un entorno favorable para la inversión privada en la ciudad, de acuerdo con el informe presentado en el recinto y recogido por El Espectador. Esta reforma integra los proyectos de acuerdo 709 y 724 de 2026. Entre los principales cambios se encuentran ajustes en el impuesto de Industria y Comercio (ICA), incentivos económicos para empresas, alivios tributarios para contribuyentes con deudas y disposiciones que obligan a soterrar progresivamente las redes de servicios públicos y telecomunicaciones.
El acuerdo, tras la aprobación en los dos debates reglamentarios, debe pasar ahora al despacho del alcalde Carlos Fernando Galán, quien tendrá la responsabilidad de sancionarlo y publicarlo oficialmente. Solo a partir de ese momento las nuevas disposiciones podrán comenzar a implementarse en los plazos definidos.
Para la administración distrital, esta reforma traerá consigo modernización y oportunidades laborales. Según sus cálculos, el acuerdo permitirá atraer inversiones privadas por un valor de $79,8 billones y generar más de 200.000 empleos en los próximos diez años. Uno de los defensores más visibles, el concejal Juan David Quintero, resaltó la regulación del ordenamiento y soterramiento de cables y redes, argumentando que el desorden actual afecta el entorno visual y representa riesgos para diferentes actores viales. El acuerdo estipula que los cables en desuso deberán ser retirados por sus propietarios; de lo contrario, será el Distrito quien asuma la tarea, pasando posteriormente la factura a los responsables. Así, se apuesta a mejorar la seguridad y la estética urbana.
No todos los sectores recibieron con agrado la reforma. El concejal Jairo Avellaneda criticó el aumento de cargas económicas, asegurando que se trata de una intervención directa en el bolsillo de los ciudadanos. Además, denunció posibles irregularidades en el trámite de la acumulación de los proyectos, lo que podría abrir la puerta a demandas ante autoridades administrativas competentes. También cuestionó la proporcionalidad de los beneficios para constructoras y la intervención del sector privado.
Uno de los componentes principales de la reforma es la creación de una sobretasa al impuesto predial, destinada a financiar la modernización del alumbrado público mediante luminarias LED, sensores y sistemas avanzados. Aunque las viviendas de los estratos altos serán las más afectadas por el nuevo cobro, la mayoría de los hogares de estratos 1, 2 y 3 estarán exentos a menos que superen un umbral alto de base gravable. Esta contribución se recaudará a partir de 2027 y no será visible en la factura de energía, sino en el impuesto predial.
Adicionalmente, el proyecto contempla una reducción del número de tarifas del ICA de 13 a nueve, disminuyendo la carga para actividades como restaurantes y bares, y ofreciendo alivios a microempresas y deudores. Por otra parte, elimina algunos impuestos desde 2027, como el de Publicidad Exterior Visual.
¿Cómo funcionará la sobretasa para el alumbrado público en Bogotá a partir de la reforma tributaria?
La sobretasa al impuesto predial será el mecanismo destinado a financiar la modernización del alumbrado público. Aplicará principalmente en los estratos 4, 5 y 6, y para predios comerciales, industriales y financieros. El cobro se realizará anualmente junto con el impuesto predial y no llegará por separado en la factura de energía. Los recursos permitirán la instalación de nuevas tecnologías para el control y medición del alumbrado, mejorando la eficiencia y la seguridad en las calles.
¿Qué cambios introduce la reforma en el impuesto de Industria y Comercio (ICA) y quiénes se verán beneficiados?
La reforma reduce las tarifas del impuesto de Industria y Comercio de 13 a nueve. Entre las actividades favorecidas están restaurantes, bares y editoriales, que experimentarán bajas significativas en sus porcentajes de tributación. Además, se establecen incentivos para microempresas y se otorgan facilidades para el pago de deudas, con una reducción de hasta el 60 % en intereses y sanciones, beneficiando especialmente a negocios pequeños y personas naturales con obligaciones atrasadas.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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