El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
En octubre de 2025, el Concejo de Bogotá discute la modificación de su reglamento interno, una iniciativa liderada por los concejales Armando Gutiérrez González del Partido Liberal Colombiano y Julián Uscátegui del Partido Centro Democrático. Esta propuesta aborda nueve temas principales, destacándose el fortalecimiento de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer y una actualización del régimen de sesiones. Sin embargo, la polémica surge en torno a la regulación de viáticos y pagos por asistencia a sesiones fuera de Colombia, asunto señalado por Daniel Briceño del Centro Democrático como un punto débil y riesgoso en la iniciativa, que podría dejar abierta la puerta a un uso inadecuado de fondos públicos.
La propuesta contempla que los concejales reciban viáticos y cobros de asistencia, siempre que el desplazamiento se justifique en "el cumplimiento de comisiones oficiales" y cuente con la aprobación previa de la Plenaria o la Mesa Directiva. No obstante, la preocupación de Briceño y otros críticos se centra en la vaguedad del articulado, que, según ellos, no fija límites específicos sobre la frecuencia de estos viajes ni mecanismos estrictos de control. Así, temen que la norma se use como argumento para conceder viáticos de manera poco transparente, generando un “cheque en blanco” a expensas del presupuesto público, de acuerdo a lo reportado por El Espectador y otros medios reconocidos.
Este debate se da en el marco de una gestión administrativa cuestionada por temas presupuestales. Ocho meses antes, el Concejo capitalino había creado más de 30 nuevos cargos y ampliado fondos para las Unidades de Apoyo Normativo (UAN), una medida duramente criticada por parte de la opinión pública y que reavivó cuestionamientos sobre la priorización de recursos. Así lo documenta El Espectador, subrayando la importancia de la transparencia y la necesidad de controles efectivos en el manejo de los fondos.
Si la reforma se aprueba sin ajustes que garanticen una supervisión clara, podría afectar la credibilidad y la confianza ciudadana en los organismos de control local. Sin embargo, si se logra un balance entre eficiencia administrativa y vigilancia, el Concejo estaría dando un paso relevante hacia el fortalecimiento institucional y la administración ética de la ciudad.
Las fuentes confiables, como El Espectador y reportes internos del Concejo, son indispensables para que la ciudadanía comprenda los alcances de estas modificaciones y se mantenga vigilante. Además, se resalta la utilidad de plataformas digitales como NINA, mencionadas en estudios periodísticos de investigación, para rastrear redes de intereses y monitorear la asignación de recursos públicos a través de bases de datos abiertas. Estas tecnologías podrían contribuir a prevenir abusos y robustecer la transparencia institucional, aspecto clave en el actual escenario político y administrativo.
En síntesis, la modificación al reglamento interno del Concejo de Bogotá presenta tanto oportunidades como riesgos: su éxito dependerá de la implementación de controles sólidos y la participación activa de la sociedad civil, garantizando que los recursos se usen en beneficio del interés público y no se desvirtúe la función representativa, según la información recogida por fuentes oficiales y periodísticas.
¿En qué consiste la plataforma NINA y cómo ayuda en la transparencia?
La plataforma NINA es un sistema especializado en conectar bases de datos abiertas. Está diseñada para facilitar el acceso y el cruce de información relevante sobre la gestión institucional y la circulación de recursos dentro de entidades públicas como el Concejo de Bogotá. Su importancia radica en que permite a periodistas, investigadores y ciudadanos identificar patrones, redes de intereses y posibles irregularidades en la toma de decisiones y el uso del presupuesto. Así, contribuye al fortalecimiento de la transparencia y la vigilancia ciudadana, recursos clave para el funcionamiento democrático.
¿Qué es la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer?
Dentro del Concejo de Bogotá, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer es una instancia dedicada a supervisar e impulsar políticas y normativas enfocadas en la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres. Según los debates recientes, la reforma pretende fortalecer el papel de esta comisión en la elaboración y seguimiento de políticas de equidad de género. Esto le permitiría influir de manera más significativa en los proyectos y decisiones del Concejo, asegurando que la perspectiva de género se mantenga como eje transversal en el gobierno local.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
