Una alarmante denuncia ha puesto en jaque la seguridad del sistema de transporte masivo de Bogotá. El concejal Juan David Quintero advirtió sobre la existencia de un “plan del no pago”, una estrategia orquestada por grupos de encapuchados que buscan tomarse diversas estaciones de TransMilenio para facilitar la evasión del pasaje y sabotear la infraestructura. Según el cabildante, no se trata de hechos aislados o protestas espontáneas, sino de una escalada de violencia sistemática que pone en riesgo la vida de los trabajadores y la integridad del sistema.
El patrón de ataque identificado por Quintero revela una táctica violenta: grupos de personas con el rostro cubierto intentan ingresar a la fuerza sin pagar el pasaje y, al ser interceptados, reaccionan de manera agresiva contra el personal de seguridad. El objetivo principal de estos sujetos sería intimidar y expulsar a los guardias de las estaciones para dejarlas sin control alguno, permitiendo así que el ingreso ilegal sea masivo y sin consecuencias. “Buscan atacar muchas otras estaciones y a muchos más funcionarios, todo como un acto de reacción por los controles que se han realizado para evitar a los colados”, explicó el concejal.
La gravedad de la situación ha quedado evidenciada en imágenes donde se observa a estos grupos dañando la infraestructura pública, robando extintores, atacando buses y lanzando pintura a las cámaras de seguridad para evitar ser identificados. Quintero señaló que el epicentro de estos ataques ha sido la estación de la calle 76, pero advirtió que el plan contempla expandirse hacia la calle 72 e incluso afectar el futuro Metro de Bogotá si no se actúa con contundencia. Para el cabildante, estas acciones representan un robo directo no solo al sistema, sino a todos los ciudadanos que pagan sus impuestos para mantener la ciudad funcionando.
Uno de los puntos más preocupantes de la denuncia es el uso de armas blancas por parte de quienes intentan colarse, utilizándolas para amedrentar o atentar contra los guardias de seguridad que intentan hacer cumplir las normas. Ante este panorama, el concejal calificó como “delincuentes” a los responsables y recordó que la evasión del pasaje genera pérdidas anuales cercanas a los 264 mil millones de pesos, un hueco financiero que afecta la calidad del servicio para los usuarios que sí pagan.
Por todo esto, se ha hecho un llamado urgente al alcalde Carlos Fernando Galán y a la Policía Metropolitana para que refuercen la presencia de uniformados y vigilancia privada en los puntos críticos. Entre las medidas solicitadas destaca la necesidad de blindar el sistema mediante la instalación de más puertas anticolados y el fortalecimiento de la cultura ciudadana, pero, sobre todo, actuando con mano firme contra quienes lideran estos ataques. “Hay que defender y proteger la integridad de estos funcionarios”, sentenció Quintero, quien además sugirió que estas acciones violentas podrían estar siendo legitimadas por ciertos sectores, lo que agrava aún más la crisis de autoridad en el transporte público de la capital.
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