Un grave hallazgo encendió las alarmas en el sector de la seguridad privada en Colombia. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ordenó suspender de manera inmediata las licencias de tres empresas luego de detectar la desaparición de 393 armas de fuego que estaban bajo su responsabilidad. La información fue revelada por El Tiempo, que tuvo acceso a detalles del caso.
Las compañías involucradas son Águila de Oro, Laucris Security y Helam, que operaban bajo un esquema de colaboración empresarial. Según la investigación, compartían a un mismo coordinador de activos, quien tenía control directo sobre el armamento de las tres firmas, una práctica que no está permitida por la normativa vigente y que despertó sospechas desde el inicio.
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El funcionario señalado es Elkin David Polanco Pérez, quien llevaba más de una década vinculado a estas empresas. Entre sus funciones estaba la custodia de las armas, el manejo de los registros y la supervisión del inventario. En la práctica, era el encargado de garantizar que cada arma estuviera debidamente controlada y reportada.
La situación tomó un giro crítico cuando el coordinador salió a vacaciones a finales de diciembre y no regresó a sus labores ni volvió a responder comunicaciones. Ante esto, las empresas iniciaron revisiones internas y encontraron faltantes significativos. Solo en una de las firmas desaparecieron 275 armas, lo que elevó la preocupación sobre el manejo del arsenal.
El problema no era aislado. En las otras dos compañías también se reportaron pérdidas, sumando un total de 393 armas cuyo paradero aún se desconoce. Fue una inspección realizada por la Superintendencia la que permitió dimensionar la gravedad del caso, que ya es investigado por la Fiscalía General de la Nación.
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Desde la entidad de control se advirtió que este tipo de situaciones no solo comprometen a las empresas implicadas, sino que representan un riesgo para la seguridad pública. Además, se recordó que existen múltiples procesos abiertos contra firmas del sector, algunos por irregularidades administrativas y otros por posibles vínculos con actividades ilegales.
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