José Eduardo Chalá Franco, un taxista de 56 años con un historial de infracciones viales que supera las 10 comparendos por exceso de velocidad, estacionamiento indebido y reincidencia en conducción bajo efectos del alcohol, se convirtió en el centro de una de las peores tragedias viales de la capital este fin de semana.
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El sábado 8 de noviembre, alrededor de las 8:28 p.m., Chalá circulaba en su taxi Hyundai Atos de placas VDW626 por el barrio Santa Rita, en la localidad de San Cristóbal, sur de la ciudad, violando la restricción del pico y placa.
Bajo un grado II de embriaguez —confirmado por prueba de alcoholemia en el lugar—, el conductor embistió a un grupo de peatones, dejando un saldo de 11 heridos, incluyendo cuatro menores de edad. Dos de ellos, de 7 y 15 años, se encuentran en estado de muerte cerebral en el Hospital Santa Clara, mientras las familias claman justicia en medio del dolor.
Chalá, capturado en flagrancia por la Policía de Tránsito, enfrenta ahora un proceso judicial acelerado que expone las fallas en el control de conductores profesionales.
Vecinos y autoridades describen el suceso como un “desastre evitable”, agravado por el antecedente del imputado, quien acumula multas que cuestionan por qué seguía al volante.
La Fiscalía General de la Nación, respaldada en videos de cámaras de seguridad y exámenes toxicológicos, argumenta que la acción fue intencional y dolosa, elevando la gravedad de los hechos más allá de un simple accidente.
Este lunes 10 de noviembre, en una audiencia reservada ante el Juez 45 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, se legalizó la captura de Chalá y se procedió a la imputación de cargos. Allí, sorprendió su estado físico, ya que más allá de la evidente preocupación y cara de arrepentimiento, el conductor presentó heridas en su rostro, provocadas, claramente, por el accidente.
Así se mostró:
El taxista, asesorado por el abogado Ricardo Burgos, escuchó los delitos formulados: homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso heterogéneo con lesiones personales dolosas agravadas, tipificados en los artículos 104 y 111 del Código Penal, con penas que oscilan entre 33 y 50 años de prisión.
Luego de la exposición de pruebas irrefutables, Chalá aceptó plenamente los cargos, agilizando el proceso y allanando el camino a una posible condena ejemplarizante. “Las evidencias son contundentes; no hay espacio para negaciones”, declaró un portavoz de la Fiscalía al término de la diligencia.
Inmediatamente después, en la fase de medida de aseguramiento, el juez impuso prisión preventiva contra Chalá, quien fue trasladado a la Cárcel La Picota. La decisión, tomada bajo reserva por la presencia de menores víctimas, busca garantizar la investigación y proteger a la sociedad, mientras la Secretaría de Movilidad anuncia revisiones estrictas a taxistas reincidentes.
(Ver también: Taxista capturado en Bogotá tenía más de 10 comparendos: se conocen más detalles de su historial)
Este caso reaviva el debate sobre embriaguez al volante en Colombia, donde anualmente mueren miles por siniestros similares. Las familias afectadas exigen no solo castigo, sino reformas que eviten futuras víctimas en las calles bogotanas.
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