En un inmueble ubicado en el barrio Prado Veraniego, al norte de Bogotá, se reveló una operación delictiva que ha estremecido a la opinión pública. Este lugar, que a simple vista parecía una modesta vivienda familiar, funcionaba como centro de producción de material ilícito y es el foco de una investigación que llevó a las autoridades a aplicar la medida de Extinción del Derecho de Dominio.
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La Fiscalía General de la Nación informó que avaló medidas cautelares sobre esta propiedad valorada en aproximadamente mil millones de pesos. Esta decisión impide que el bien sea vendido, hipotecado o transferido mientras avanza el proceso judicial, tras evidenciarse que allí se cometieron delitos de extrema gravedad contra menores de edad.
Qué pasaba en la casa de Prado Veraniego en Bogotá
De acuerdo con la investigación citada por El Tiempo, el predio era arrendado y administrado por Germán Alexander Bejarano Peña, quien facilitó la instalación de equipos tecnológicos que permitían grabar y transmitir en vivo escenas en las que niñas y adolescentes eran obligadas a participar en actividades de índole sexual.
Este material era distribuido por plataformas digitales asociadas a páginas de contenido para adultos, constituyendo así delitos de la prostitución de menores, secuestro y explotación sexual.
Uno de los casos más alarmantes corresponde a una menor de tan solo 13 años de edad que fue retenida en contra de su voluntad dentro de la vivienda durante los días 13 y 14 de marzo del año 2013. Durante su cautiverio, la niña fue fotografiada en situaciones sugestivas y sometida a explotación sexual, transmitiendo en tiempo real los abusos cometidos.
La víctima fue rescatada posteriormente por la Policía de Infancia y Adolescencia, quienes actuaron tras la denuncia de la desaparición realizada por su madre.
El rol de Germán Alexander Bejarano Peña fue fundamental, ya que además de encargarse de la logística tecnológica, brindaba soporte y vigilancia a las transmisiones de los actos criminales. Así lo sostienen las pruebas recopiladas por el ente investigador, que señalan que la vivienda fue modificada para facilitar la grabación y distribución de contenidos explícitos.
Frente a estos hechos, el arrendatario fue condenado por el delito de estímulo a la prostitución de menores y se abrió proceso de extinción del dominio sobre el inmueble, dado que fue utilizado como herramienta para la comisión de estos ilícitos.
La responsabilidad de la propietaria ha sido también tema central. La Fiscalía determina que, aunque la casa originalmente tenía un uso residencial, la dueña arrendó el predio a una persona involucrada en actividades delictivas y no ejerció la debida vigilancia ni control sobre la utilización del bien, facilitando indirectamente la comisión de los delitos.
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Este caso pone en evidencia la importancia legal y social del deber de cuidado por parte de los propietarios en Colombia. No supervisar adecuadamente el destino de una propiedad puede desembocar en graves consecuencias legales, como perderla bajo el proceso de extinción de dominio cuando sirve de escenario para actos ilegales.
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