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La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá ha dado un paso relevante al integrar de manera activa a las comunidades cannábicas en la formulación de su nueva Política Pública de Sustancias Psicoactivas. Este proceso pionero busca una transformación radical en el tratamiento y enfoque de dichas sustancias dentro de la ciudad, dejando atrás estrategias punitivas y priorizando la reducción de riesgos y daños a partir de la salud pública y el respeto por los derechos humanos. El objetivo central es eliminar estigmas y discriminaciones, permitiendo que quienes consumen o participan de alguna manera en la dinámica del cannabis encuentren acompañamiento, comprensión y representación en las políticas que les afectan. Todo ello se recoge como parte del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura 2024–2027, en el cual se establece no solo la urgencia de un enfoque completo y participativo, sino también la meta de involucrar a al menos 10.000 personas de distintos sectores de la sociedad en el proceso de construcción de este marco normativo.
El diseño de la política ha incluido cabildos abiertos, foros comunitarios y grupos focales, mecanismos mediante los cuales los distintos actores sociales, incluidas las comunidades cannábicas, pueden aportar sus experiencias, puntos de vista y saberes. Julián Fernández, subsecretario de Salud Pública, recalca la importancia de crear una política con base en consensos sociales y evidencia científica, para que atienda no solo a quienes consumen, sino también a toda la comunidad, en rubros de prevención, tratamiento y minimización de daños.
Este proceso participativo no es un caso aislado; está alineado con tendencias observadas a nivel mundial. Informes del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA) y trabajos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacan que brindar espacios de participación mejora la efectividad de las políticas y ayuda a construir confianza entre gobiernos y ciudadanía. Experiencias similares en América Latina, como en Ciudad de México o Santiago de Chile, han evidenciado los beneficios de despenalizar y regular el cannabis favoreciendo la salud y los derechos fundamentales, resaltando el valor de abrir canales de diálogo entre comunidades afectadas, academia y autoridades regulatorias.
En Bogotá, a partir de 2024, la propia Secretaría Distrital de Salud ha liderado talleres y encuentros dirigidos a empoderar a las comunidades cannábicas, reconociendo no solo su experticia en el uso del cannabis en sus dimensiones medicinal, recreativa o industrial, sino también su capacidad para promover cambios sociales positivos. Organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) abogan por procesos inclusivos, donde las políticas sobre sustancias sean menos punitivas y más orientadas a la reducción del daño, perspectiva que igualmente emerge en las recomendaciones de Human Rights Watch, entidad que cuestiona la criminalización y el impacto negativo sobre los derechos y la salud pública.
El proceso que impulsa Bogotá se caracteriza así por un enfoque interdisciplinario y colaborativo, implicando ciencia, sociedad y administración pública. El desarrollo de la política continuará alimentándose con la participación de la academia y las comunidades expertas, aspirando no solo a consolidar un modelo local robusto, sino también a sentar bases para que otras urbes latinoamericanas puedan replicar estas formas de abordaje integrales, centradas en la justicia social y el bienestar.
¿Por qué es relevante la reducción de daños en la política sobre sustancias psicoactivas? La reducción de daños surge como un principio fundamental en el abordaje moderno de las políticas de drogas, priorizando estrategias para minimizar los riesgos asociados al consumo en vez de enfocarse únicamente en la abstinencia o la criminalización. Este enfoque, impulsado por entidades internacionales como la Organización Mundial de la Salud, permite diseñar medidas que mejoran la salud de las personas e impactan positivamente en la seguridad y el bienestar colectivo, como lo destaca el proceso liderado por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.
Contar con políticas orientadas a la reducción de daños facilita la desestigmatización y la atención integral de las personas que consumen sustancias psicoactivas, promoviendo su acceso a información, tratamientos y recursos sin temor a discriminación o sanción. Tal como resaltan informes del Observatorio Europeo de las Drogas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estas medidas no solo protegen derechos, sino que también optimizan la eficacia de las intervenciones públicas.
¿Qué papel juegan los cabildos abiertos en la formulación de políticas públicas? Los cabildos abiertos constituyen una instancia de participación ciudadana en la que integrantes de la comunidad pueden expresar sus inquietudes, propuestas y necesidades de manera directa ante las autoridades. Esta herramienta, empleada en el proceso de la política pública bogotana, reconoce el valor de incluir múltiples voces, especialmente las de quienes han sido históricamente marginados, como las comunidades cannábicas.
La participación en cabildos abiertos fortalece la legitimidad y el carácter democrático de las políticas, haciéndolas realmente representativas de los intereses colectivos. Esta estrategia se alinea con recomendaciones internacionales sobre la necesidad de procesos abiertos y transparentes, que fortalezcan la confianza entre ciudadanía y Estado y promuevan soluciones consensuadas y sostenibles.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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