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Este artículo fue curado por Santiago Buenaventura   Ago 15, 2024 - 1:33 pm
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La Procuraduría ha iniciado una investigación disciplinaria contra varios funcionarios públicos de Bogotá por presuntas actividades de extorsión dirigidas a comerciantes y ciudadanos de las localidades de Antonio Nariño, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe.

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Según las denuncias, estos servidores habrían exigido pagos a cambio de no cerrar establecimientos comerciales y permitir la continuidad de remodelaciones sin los permisos adecuados.

Las acusaciones indican que los funcionarios locales habrían solicitado sumas de dinero a comerciantes para evitar el cierre de sus negocios, una medida que usualmente se implementa por incumplimiento de normativas urbanísticas o de seguridad.

Además, se investiga si estos mismos funcionarios habrían visitado residencias en proceso de remodelación, exigiendo los permisos correspondientes y amenazando con sellar las obras si no se realizaban pagos indebidos.

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Ante la gravedad de estas denuncias, la Procuraduría ha ordenado la recolección de pruebas para determinar la veracidad de los hechos y tomar las acciones disciplinarias pertinentes.

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El objetivo es esclarecer si hubo abuso de poder por parte de los funcionarios implicados y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

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