Bogotá y Cundinamarca se enfrentan a una de las olas invernales más inclementes de la última década. De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y su histórico de duración del fenómeno de La Niña, la actual temporada de lluvias completa 16 meses. En años anteriores, la temporada más prolongada fue de 11 meses y ocurrió entre 1988-1999, así como entre 2010-2011.
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De ahí las jornadas más extensas se presentaron entre 2020 y 2021, con 10 meses, seguidas de las temporadas 2011-2012 (nueve meses), 2007-2008 (ocho meses) y 1999-2000 y 2017-2018 (siete meses). Esto ratifica que en la historia del departamento no se había enfrentado una ola invernal tan extensa y catastrófica como la que se soporta actualmente.
Sin embargo, es probable que las tempestades en la región Andina se extiendan hasta finales de diciembre o inicios de 2023, tal como lo pronostica el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).
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Recordemos que a raíz de esta emergencia, y por las condiciones climáticas que atraviesa el país, se declaró calamidad pública en la capital y se activó la alerta roja en 16 municipios de Cundinamarca, y naranja en otros seis, incluido Bogotá. Adicionalmente, se conoció que en localidades como Usaquén y Usme las lluvias, hasta el pasado 15 de noviembre, superaron el promedio de cantidad de agua estimado para todo el mes.
Es por esto que, por cada gota que cae, una plegaria se eleva desde las zonas en riesgo, como el sector Tocaimita, en la localidad de Usme; el kilómetro 6, de la vía La Calera, y en el barrio Bella Flor, en Ciudad Bolívar, al sur de la capital.
En este último punto, las 600 familias, con 470 niños, que viven en este sector de invasión, temen que las lluvias arrasen sus viviendas improvisadas, las mismas que construyeron con sus manos, armados de palos, tejas de zinc, restos de aluminio y hasta partes de vehículos.
Llegar a esta zona implica subir a lo más alto de las montañas, casi al final de la ciudad, y divisar en sus canteras rectángulos imperfectos, de fachadas levantadas con todo tipo de materiales, que buscan cubrir a sus propietarios de los fuertes ventarrones, del sereno de la noche y de los aguaceros que caen por estos días.
La zozobra y la incertidumbre son una compañera habitual para estos habitantes, pero su presencia la han sentido de manera contundente en los últimos meses. Rezan para que no llueva más y para que, como dicen, “Dios los tenga presentes y evite cualquier tragedia”.
Maryuris Gómez, lideresa del barrio, y sus dos hijos se suman a las más de 1.357 familias bogotanas afectadas por la ola invernal. Sobre la medianoche del pasado miércoles, la parte trasera de su vivienda se vino abajo, en lo que anteriormente era su cuarto y el de su hija, de ocho años. Las latas que hacían de paredes cedieron ante las fuertes lluvias.
“Nos llevamos un gran susto, pero, la verdad, es que no estaba durmiendo. Llovió toda la noche y, cuando eso pasa, no hay descanso. Una no duerme, porque cualquier cosa puede pasar. Tras la caída de la pared, todo se inundó, se nos mojaron hasta los colchones. Pasamos derecho sacando agua. Ahí mismo la estoy arreglando, con las mismas tejas y los mismos palos, porque no hay de otra”, narra Gómez.
Su relato es la representación de lo que viven las cerca de 245.000 personas que, según cifras del Idiger, viven en zonas de alta amenaza de deslizamientos. Tránsito Pardo, una mujer de la tercera edad, también se ha visto afectada. A sus 63 años no llegó a imaginarse que tendría que desalojar su casa, en donde vive hace una década, porque su vida se podría ver en peligro.
“Es duro dejar mi casita después de 10 años. Ahí están mis cositas, las de mis hijos… mi vida entera. En esa ‘choza’, como los funcionarios de la Alcaldía la llaman a veces, hice amistades con mis vecinos y superamos muchas cosas juntos. Era tenaz ver cómo se caía lo que armaban con tanto esfuerzo (las viviendas), pero entre todos nos ayudábamos para salir adelante. Solo nos tenemos a nosotros, eso se sabe”, describe esta mujer que vive con su nieto y está vacilando aún si aceptar o no las ayudas del Distrito.
De hacerlo tiene claro que se mudaría a escasos 10 minutos, dentro del mismo barrio o muy cerca de él. En parte, porque su vida está allí y porque “los arriendos están recostosos. Uno va a ver y son casas que dan pesar. Apenas cabe la cama y un mueble. Son cajas de fósforos y tienen la cara de cobrar $ 300.000 o $ 400.000. Con esa renta nadie puede”.
Cabe mencionar que, de acuerdo con la caracterización realizada por el Distrito, en el barrio Bella Flor habitan familias de escasos recursos y en condiciones de vulnerabilidad alta, que principalmente ejercen labores relacionadas con el reciclaje y las ventas informales.
Zonas en alerta
La sección Bogotá de El Espectador tuvo acceso a los puntos críticos por la ola invernal, registrados en la base de datos que maneja del Idiger. De acuerdo con el Instituto, a la fecha Bogotá cuenta con 251 zonas de alerta por movimiento de tierra, ubicadas en 190 barrios.
Las localidades con mayor peligro de remoción de masa o derrumbes, como se les conoce popularmente, son Ciudad Bolívar, con 77 sitios; San Cristóbal, con 40, y Rafael Uribe Uribe, con 35. El listado lo completan Usme (24), Sumapaz (18), Usaquén (17), Santa Fe (17), Chapinero (13), Suba (8) y La Candelaria (2).
No obstante, este no es el único riesgo latente en la ciudad. Existen sectores, que lejos de la amenaza de la montaña, tienen probabilidades altas de inundaciones o desbordamientos de ríos, como el Bogotá, Salitre o Juan Amarillo, Fucha y Tunjuelo, por mencionar algunos.
En este escenario en la capital hay 62 lugares con mayor alerta divididos en siete localidades: en el primer lugar está la localidad de Bosa, con 17, seguida por Fontibón (15) y Engativá (11). En la misma lista, pero con menos sitios, están Suba (7), Kennedy (5), Tunjuelito (4) y Ciudad Bolívar (3).
Sin embargo, es importante mencionar que, según Guillermo Escobar, director del Idiger, en este momento no se ha evidenciado un incremento sustancial de los caudales de los afluentes que pasan por la ciudad o en cercanía de la misma.
“Tenemos monitoreo en tiempo real de los cuerpos de agua, para conocer su estado. A pesar de las fuertes lluvias, sus caudales no presentan un incremento que pueda alertar. Lo que sí nos preocupa es el estado del sistema de drenaje. Es decir, el mal estado de las alcantarillas, porque puede llevar a inundaciones y encharcamientos en diferentes puntos de la ciudad”, afirmó el funcionario.
Además detalló que este riesgo, en gran medida, se debe a la poca cultura ciudadana, de quienes arrojan basuras en las calles e incluso escombros a las afueras de las obras de construcción, que terminan obstruyendo las rejillas.
De acuerdo con las cifras del Idiger, solo en 2022 se han reportado 3.346 eventos relacionados con el fenómeno de La Niña. De ellos, con 887 casos, se destacan las afectaciones por caída de árboles, daños en el servicio de alcantarillado (370), inundaciones de edificaciones o encharcamientos en vías (56) y movimientos de masa (87).
Precisamente, por el riesgo que representa vivir en laderas propensas a deslizamientos, se han evaluado 523 predios, de los cuales el 68 % implicaron la emisión de actas de evacuación inmediata y en el 29 % se notificaron con actas de restricción (recomendaciones de no usar determinas zonas de la vivienda).
Momento en el que, tras la notificación oficial, las familias pueden hacerse beneficiarias de las ayudas que el Distrito ofrece en articulación con las secretarías de Hábitat, Ambiente, Gobierno y Seguridad, y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron).
Entre los auxilios humanitarios que pueden recibir, tras el perfilamiento de los hogares y la identificación de las características de sus integrantes (número de hijos, si son madres cabezas de familia, si uno de ellos tiene alguna discapacidad, etc.) podrán recibir un apoyo de arriendo hasta por tres meses, que entrega la administración distrital.
A su vez, la Secretaría de Integración Social les ofrece un bono de $ 150 mil canjeable para alimentos y mercados; la Secretaría de Hábitat entrega un Aporte Temporal Solidario, durante dos meses, por $ 270 mil, para que dejen sus hogares, y, se supone, que las alcaldías locales deben facilitar sus trasteos, en caso de ser necesarios.
No obstante, esto no es suficiente. Así lo plantea Yeny María Echávez, habitante hace cuatro años de la ladera de una montaña, en donde construyó su vivienda. “Como comunidad no estamos de acuerdo con que nos desalojen, porque no nos están dando un proyecto de vivienda digna. Vienen y nos ofrecen ayudas por tres meses, pero, ¿qué pasará después?”, enfatiza esta opositora a la evacuación, quien también es consciente de que pone en riesgo a sus tres hijos y a sus dos nietos. Sin embargo, no está dispuesta a dejar lo poco que ha conseguido, para luego quedar a la deriva.
Y agrega: “Para ellos es muy fácil venir, tumbar nuestras casas y sacarnos a la fuerza, pero esa no es la salida. Quisiéramos que así como se ofrecen a ayudarnos temporalmente, lo hagan para darnos una vivienda digna. No decimos que nos la dejen gratuitamente, pero pueden pasarnos a un lugar donde nosotros podamos pagar cuotas mensuales o anuales por algo que será nuestro”.
Frente a esto Guillermo Escobar, director del Idiger, responde que dichas peticiones de los habitantes no se pueden cumplir y revela también que en el sector existe todo un negocio en torno a la venta de lotes en zonas de riesgo porque, según él, les venden la idea de que el Distrito luego vendrá a darles casas.
“Hemos identificado que no quieren irse en primera medida, por el arraigo y porque históricamente creen que el clima va a seguir siendo el mismo. Pero hay un agravante, y es que existe una comercialización indiscriminada. Se quejan por las ayudas, pero muchos de ellos están en lotes donde antes se entregaron ayudas. Los primeros ocupantes ya fueron reasentados y vinculados a proyectos de viviendas efectivas. Ese apoyo no se puede hacer más de una vez por terreno”.
Ola invernal en el departamento
El balance que deja, hasta ahora, la ola invernal en Cundinamarca es de 72 municipios afectados, 24 víctimas fatales, 1.093 familias damnificadas, 13 viviendas destruidas, 188 viviendas averiadas y 304 vías cerradas, así como daños en 31 puentes vehiculares, en nueve alcantarillados, 12 colegios y 21 centros comunitarios.
Adicionalmente, el Ideam afirmó que el panorama actual continuará en las siguientes semanas. De acuerdo con Yolanda González, directora del Ideam, Cundinamarca se encuentra con amenazas en niveles de alerta roja. “Los suelos están saturados, lo que significa que cualquier precipitación, sin importar su magnitud, puede generar deslizamientos”.
Por posibles crecientes súbitas en el río Bogotá, 14 pueblos cuentan con alerta roja: Chocontá, Suesca, Sesquilé, Gachancipá, Zipaquirá, Tocancipá, San Antonio del Tequendama, Tena, La Mesa, Anapoima, Apulo, Tocaima, Agua de Dios y Girardot. Siete municipios están catalogados en alerta naranja: Cajicá, Chía, Cota, Funza, Mosquera, Bogotá y Soacha.
Para hacerle frente a la emergencia, la Gobernación de Cundinamarca asignó $8.000 millones con los que se espera “atender con maquinaria las vías, dragar ríos y generar ayudas humanitarias directas, inmediatas, a cada uno de los municipios que están presentando afectaciones”, sostuvo el gobernador Nicolás García.
Por ahora se sabe que las lluvias seguirán. Los organismos de emergencia están en máxima alerta, pues tragedias como la que se vivió el pasado fin de semana en la vía a La Calera se podrían repetir. El plan es que la comunidad también esté atenta, alerte cualquier riesgo y atienda los llamados de las autoridades. Solo así se podrá mitigar un peligro que amenaza con más fuerza a la ciudadanía.
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