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Un bebé falleció mientras esperaba un traslado crucial a una Unidad de Cuidados Intensivos neonatal que nunca se concretó. Las autoridades investigan un posible caso de negligencia medica.
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La muerte de Juan José, un bebé de tan solo dos meses de edad, ha despertado preocupación en torno a la capacidad del sistema de salud colombiano para atender emergencias pediátricas críticas. El menor, nacido prematuramente y con serias complicaciones respiratorias, falleció en Buenaventura mientras esperaba un traslado urgente a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) neonatal que no se concretó.
La EPS Coosalud, encargada del manejo del caso, ha sido señalada por presunta negligencia tras no lograr gestionar a tiempo la remisión del menor. Según la entidad, se hicieron intentos para ubicar una Institución Prestadora de Servicios (IPS) que contará con cama disponible y atención especializada en infectología, pero estos no prosperaron debido a la alta demanda y la complejidad de los casos a nivel nacional.
En contraste, la Secretaría de Salud del Valle del Cauca sostuvo que sí se logró conseguir la cama requerida para Juan José, pero que el traslado no se llevó a cabo por falta de disponibilidad de una ambulancia para movilizar al paciente. La secretaria de Salud, María Cristina Lesmes, calificó lo sucedido como “absolutamente lamentable” y lo vinculó al cierre progresivo de servicios neonatales en clínicas del departamento, una situación agravada por la crisis financiera del sector.
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Las posibles consecuencias legales
El caso de Juan José también ha generado preocupación jurídica, ya que podría constituir una vulneración del derecho fundamental a la salud, consagrado en la Ley Estatutaria 1751 de 2015. La omisión en la gestión de una remisión médica urgente para un menor de edad podría interpretarse como una violación directa a este derecho, tal como ha establecido la Corte Constitucional en múltiples fallos.
Ante estos hechos, la Superintendencia Nacional de Salud anunció la apertura de una investigación preliminar contra Coosalud para establecer si hubo fallas u omisiones en el proceso de atención. De encontrarse irregularidades, la EPS podría enfrentar sanciones administrativas, económicas y jurídicas, incluyendo una eventual intervención.
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