Como parte de las mismas declaraciones que comprometen al general (r) Humberto Guatibonza, capturado como presunto intermediario entre clientes y la empresa de chuzadas, hechas por el coronel (r) Jorge Humberto Salinas, que ahora funge como testigo de la Fiscalía, salió a relucir la existencia de más de un centenar de carpetas con información de esta empresa criminal.

En dichas carpetas, según le dijo Salinas al ente acusador, aparecen jefes de seguridad, abogados y representantes de grandes empresas del país, entre ellas Avianca, PepsiCo, y el Ingenio del Cauca (Incauca), entre otras, que habrían accedido a los servicios de seguimientos ilegales para obtener información. 

En el caso puntual de Avianca, la aerolínea rechazó los señalamientos de que la firma interceptó, a través de la empresa fachada son sede en Ipiales, Nariño, a varios de los pilotos del sindicato de Acdac durante la huelga que hubo en el segundo semestre de 2017.

Equipos incautados, general (r) Humberto Guatibonza

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“A la fecha no existe en los sistemas internos de la compañía ningún contrato, pago u orden de compra realizada a favor de dichas empresas o sus representantes legales”, informó la aerolínea a través de un comunicado.

No obstante, reveló que la empresa de inteligencia sí se presentó a una convocatoria: “como parte de este proceso, Avianca identificó que la empresa Arambula y Gutiérrez Seguridad Limitada ‘A&G Seguridad Limitada’ y Humberto Guatibonza Consultoría S.A.S., se presentaron a un proceso de compras en abril de 2017 y diciembre de 2017, respectivamente, para prestar servicios de seguridad, sin embargo su participación fue rechazada al no haber cumplido con los filtros requeridos por la Compañía”.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), reveló que el caso de las interceptaciones ilegales “no es nuevo para nosotros”, y que ya habían solicitado un estudio de seguridad ante la Unidad Nacional de Protección durante el gobierno de Juan Manuel Santos, investigación que según ellos no dio ningún resultado o consecuencia de seguridad para la asociación.

A pesar de eso, Acdac le pide a la Fiscalía que informe cuáles son las pruebas que tiene, para tomar medidas respectivas.