El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El noveno aniversario del atentado en el centro comercial Andino, ocurrido el 17 de junio, está marcado por el temor de las víctimas y sus defensores de que el proceso judicial termine prescribiendo el próximo año, sumando este caso al abundante historial de impunidad en el país. Francisco Bernate, abogado de once víctimas, entre ellas los familiares de las tres mujeres fallecidas aquel día, fue claro en su advertencia ante El Espectador: "A nueve años del atentado contra el Centro Comercial Andino, el principal proceso judicial está cerca de fracasar por vencimiento de términos".
El trágico episodio comenzó cuando, una tarde de sábado, un artefacto explosivo hizo detonación en el baño de mujeres del Andino, en el norte de Bogotá. Producto de este acto murieron Ana María Gutiérrez, Lady Paola Jaimes Ovalle y la francesa Julie Huynh, una joven de 23 años en labor social. Otras personas, como Ingrid Margarita Ramírez, Luis Roberto Velázquez Bernal y Nathalie Nadine, resultaron heridas, sumando al dolor e incertidumbre de la ciudad un clima de desconfianza en la seguridad y alarma frente a la posible presencia de grupos armados en la capital, inquietud que inquietó también al entonces presidente Juan Manuel Santos.
Dos semanas después, la Policía anunció la captura de diez presuntos implicados, señalados de pertenecer al Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP). Sin embargo, según recoge El Espectador, el proceso judicial nunca avanzó de manera sólida: la Fiscalía no pudo demostrar la responsabilidad de los procesados y, tras tres años privados de la libertad, entre 2018 y 2020 todos ellos quedaron libres. La defensa insistió en que se trató de un montaje y denunció errores y retrasos en la investigación, incluso en la entrega de material probatorio. Episodios como la recaptura de César Becerra y Christian Sandoval, acusados luego por rebelión, alimentaron las dudas sobre la legitimidad del proceso.
Mientras tanto, la única sindicada sobre la que la Fiscalía asegura tener pruebas es Violeta Arango Ramírez, alias “Violeta”. Ella fue detenida en 2022, señalada de obtener planos del centro comercial y de participar en la movilización de explosivos. Además, enfrenta cargos por terrorismo, homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir agravado y rebelión. Sin embargo, Arango recuperó la libertad tras ser nombrada gestora de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque actualmente es prófuga y tiene orden de captura. Según el abogado Bernate, la respuesta del Estado ha sido deficiente: las víctimas no han recibido reparación integral ni acompañamiento adecuado, y muchas sufren graves secuelas físicas y emocionales.
La posibilidad de que el caso quede sin sentencia, sumada a la falta de responsables identificados, deja a las víctimas ante un horizonte de impunidad e incertidumbre, como advirtió el representante de los afectados. La sensación de abandono institucional se suma al dolor que dejó aquel atentado, aún sin justicia ni verdad plena.
¿Cuál es el estado actual del proceso judicial por el atentado en el Andino?
El proceso judicial relacionado con el atentado en el centro comercial Andino se encuentra estancado. Aunque en un principio hubo capturas y sindicaciones contra diez personas, todas ellas fueron liberadas por falta de pruebas entre 2018 y 2020. Solo sobre Violeta Arango Ramírez, alias “Violeta”, pesa una investigación con pruebas más sólidas; sin embargo, actualmente permanece prófuga. De acuerdo con el abogado Francisco Bernate, existe el riesgo de que el caso prescriba el próximo año sin sentencia definitiva.
¿Qué cargos enfrenta Violeta Arango, alias “Violeta”, y cuál es su papel en el caso del Andino?
Violeta Arango, conocida como “Violeta”, es la única sindicada para la cual la Fiscalía afirma tener pruebas contundentes de participación en el atentado del Andino. Enfrenta cargos por terrorismo, homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir agravado y rebelión. Según una juez de control de garantías citada por El Espectador, fue identificada tras supuestamente adquirir los planos del centro comercial y movilizar explosivos. Arango fue capturada en 2022, pero luego quedó en libertad tras ser nombrada gestora de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y actualmente se desconoce su paradero.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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