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La reciente agresión contra la infraestructura energética en el norte del departamento del Cauca ha renovado el clima de preocupación e incertidumbre entre la población, quien ve en este tipo de acciones una amenaza directa a su bienestar y a la estabilidad de la región. Luego del atentado —en el que resultó afectada una torre de energía de alta tensión en el municipio de Cajibío—, la Compañía Energética de Occidente (CEO) emitió un comunicado rechazando el suceso y ratificando su compromiso de mantener la continuidad del servicio eléctrico, un bien esencial para ciudadanos e instituciones. Esta declaración, divulgada por fuentes institucionales, respondió al temor generalizado provocado entre los habitantes tras la detonación que sacudió la zona.
Las autoridades, por su parte, establecieron un operativo de verificación de daños para establecer el alcance real del ataque. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, la explosión, cuyo estruendo se registró en municipios aledaños como Piendamó, Morales, Popayán y Timbío, evidenció la vulnerabilidad de la infraestructura estratégica en una región marcada por el conflicto armado y la acción de grupos ilegales. La alcaldía y la Personería de Cajibío, junto a organismos de seguridad, realizaron inspecciones tanto en el lugar del atentado como en las áreas circundantes para recoger información de la ciudadanía y dar claridad sobre las consecuencias materiales.
Aunque afortunadamente no se presentaron víctimas entre la población civil ni personal uniformado, los daños materiales fueron notorios. El Hospital San Juan Bautista de Cajibío sufrió daños visibles en techos, ventanales y fachadas a causa de la onda expansiva. Igualmente, viviendas cercanas y la emisora comunitaria resultaron afectadas, agudizando la sensación de inseguridad que ya imperaba debido a la presencia de grupos armados ilegales. Leidy Vanesa Valencia, secretaria de Gobierno de Cajibío, informó que la comunidad reportó al menos tres explosiones fuertes entre la noche y la madrugada, elevando la alarma social e institucional.
La ausencia de víctimas directas no ha minimizado la gravedad de los hechos ni del mensaje que envía este tipo de atentados: en Cauca, la infraestructura esencial continúa bajo amenaza, lo que afecta de manera directa tanto la prestación de servicios fundamentales como la percepción de seguridad de toda la comunidad. Las reacciones institucionales y ciudadanas han coincidido en la necesidad de un refuerzo inmediato de la Fuerza Pública y la adopción de medidas que permitan mitigar el riesgo de nuevos ataques frente a un panorama incierto.
Finalmente, el atentado en Cajibío ha resaltado una vez más el impacto multidimensional que la violencia ejerce sobre las poblaciones: desde la alteración de servicios básicos como la energía y la salud, hasta la afectación cotidiana de la vida de quienes habitan en zonas históricamente vulnerables. La búsqueda de respuestas y mayor protección institucional es ahora parte de la agenda urgente para las autoridades locales y regionales.
¿Cuál es la importancia de proteger la infraestructura energética en regiones afectadas por la violencia?
La protección de la infraestructura energética reviste especial importancia en territorios como Cauca, donde el riesgo de atentados interrumpe no solo el acceso a servicios esenciales, sino que incrementa el temor y la vulnerabilidad de la población. Mantener en funcionamiento la red eléctrica resulta fundamental para la atención hospitalaria, la comunicación y la operatividad de diversas instituciones que sostienen el tejido social.
Además, los ataques contra bienes estratégicos como las torres de energía facilitan el accionar ilegal y perpetúan el ciclo de inseguridad, dificultando los procesos de recuperación social y económica. Garantizar la seguridad de estas infraestructuras es, por tanto, una prioridad para fortalecer la confianza ciudadana y avanzar hacia escenarios de estabilidad y paz en la región.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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