Este miércoles, durante el debate de la reforma a la ley 418 o ley de orden público, se anunció que el Gobierno del presidente Gustavo Petro, está alistando un proyecto de ley estatutaria que permita negociar con “estructuras de crimen organizado de alto impacto”.
El representante Alirio Uribe (Pacto Histórico), quien es coordinador ponente del proyecto que modifica y extiende la ley de orden público, anunció que con la norma que presentará el Gobierno buscarán someter a la justicia a los grupos sin naturaleza política.
“Vamos a tener dos instrumentos legales, una cosa es la prórroga de la ley 418 de 1997 y otra cosa es la ley estatutaria de sometimiento a la justicia que se está alistando por parte del Gobierno para lo que en este proyecto de ley llamamos estructuras de crimen organizado”, dijo el representante.
De acuerdo con los ponentes, el Gobierno abriría dos tipos de procesos con los mecanismos legales que señala Uribe: uno de negociaciones de paz con grupos de índole política, y otro distinto de sometimiento a la justicia para incentivar a los grupos criminales a dejar las armas.
“En la paz total tenemos esos dos grupos. El segundo proceso es con grupo asociados a economías ilegales, sea narcotráfico o minería ilegal, entre otros. Con ellos se harán acercamientos y conversaciones para desmontar el aparato criminal y con los cuales no se firman acuerdos de paz”, señaló Uribe.
Como se menciona en la ponencia y como fue confirmado ayer con el restablecimiento de los diálogos, el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) sería uno de los grupos con los que se adelantaría una negociación de paz. “La adecuada implementación del acuerdo de paz, y la construcción de la consolidación y avance de la negociación con la guerrilla del ELN y el posible sometimiento de las demás estructuras criminales con presencia en el país”, dice la ponencia.
(Lea después: Las diferencias entre negociaciones con el Eln y las Farc: entienden la paz muy distinto)
Precisamente, ese punto es uno de los que más preocupación causa en la oposición: que se pueda aclarar cómo se definirá qué grupos son de índole política y pueden hacer negociaciones de paz con el Gobierno en en el marco de la “paz total” y no lo son.
Al respecto, la senadora Paloma Valencia señaló: “Lamento que no hayan definido cuales son las estructuras de crimen organizado de alto impacto. Yo tengo la impresión de que el Eln hoy no puede recibir un trato político. La Corte Constitucional cuando se refirió a las negociones con el parlamentarismo dijo ‘grupo insurgente es solo el que esta buscando derrocar el orden establecido’”.
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