Desde que le asignaron escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en marzo de 2021, el paramilitar desmovilizado Elkin Casarrubia Posada tenía un comportamiento extraño con ellos. A pesar de tener supuestas amenazas de muerte, se les perdía por dos o tres días, diciéndoles que debía hacer diligencias en sitios en los que ellos no podían ingresar “por seguridad”.

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Uno de esos lugares, según las autoridades, resultó ser un campamento en la zona selvática de Urabá, acondicionado por la organización criminal Clan del Golfo (o Autodefensas Gaitanistas), liderada por Jobanis Ávila (‘Chiquito Malo’).

El pasado 20 de marzo ese grupo grabó allí un mensaje en video para el Gobierno Nacional, cuestionando la ruptura de los acercamientos exploratorios para la “paz total”.

La grabación comenzó a rodar por las redes sociales, y allí fue reconocido Casarrubia, posando con uniforme militar y un fusil terciado, junto a los miembros de la cúpula del cartel narcotraficante.

La situación causó oprobio en la UNP, que el 29 de marzo denunció lo ocurrido en su perfil oficial de Twitter, aclarando que Casarrubia entró como protegido a la entidad por solicitud de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

“La dirección de la UNP rechaza este tipo de acciones y conmina a las organizaciones violentas a no usar a la entidad para sus acciones fuera de la ley. Espera pronta diligencia de la justicia para precisar el presente judicial de la persona citada”, trinó. Más allá del agravio, lo sucedido con Casarrubia es una prueba más que engrosa el preocupante listado de los peces gordos con protección de los guardaespaldas de la UNP.

En la lista también aparece el extinto narcotraficante Juan Larinson Castro (‘Matamba’), quien se fugó de la cárcel La Picota el 18 de marzo de 2022, en un vehículo conducido por un escolta de la UNP.

Y un presunto extorsionista del Clan del Golfo, Luis Sánchez, detenido el 17 de marzo pasado en Villavicencio, Meta. Según el Ejército, también tenía protección de la entidad.

“Esto es un caso aberrante y merece una profunda investigación. Se logra una importante captura de extorsionista del Clan del Golfo, quien contaba con esquema de seguridad de la UNP. Camioneta, escoltas y armas del Estado al servicio de criminales”, dijo en ese momento el gobernador de Meta, Guillermo Zuluaga.

La denuncia sobre Elkin Casarrubia, que en sus días de paramilitar con el bloque Calima se hacía llamar “el Cura”, se conoció el mismo día que sucedió otra situación irregular que involucró a escoltas de la UNP en la sede del periódico El Heraldo, en Barranquilla.

Al medio de comunicación ingresaron el periodista Alberto Henao Peralta y el líder indígena Alexánder Martínez Orozco, ambos protegidos de la UNP, con tres guardaespaldas armados. Pretendían que les publicaran una entrevista con Digno Palomino, jefe de la banda ‘los Costeños’, lo que fue interpretado por el periódico como “una intolerable intimidación al libre ejercicio de la libertad de prensa”, según su editorial de ayer.

Sobre el tema, la UNP trinó que “le insiste a sus protegidos que ellos son responsables del uso de esquemas de protección y, que le corresponde a las autoridades de justicia investigar y determinar los asuntos judiciales en que se vean comprometidos”.

Frente al caso de Elkin Casarrubia, fuentes de la entidad le contaron a este diario que habrá tres consecuencias. La primera, la suspensión de su esquema de seguridad, de forma preventiva, mientras se aclara la situación.

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La segunda, la apertura de una investigación en el Comité de Estudio y Recomendación de Medidas (Cerrem), para decidir si se le retira de forma definitiva la protección. En este comité hay delegados de la Policía, MinDefensa, MinInterior y la Unidad de Víctimas, entre otros organismos.

Y la tercera, una denuncia penal ante la Fiscalía.

A Casarrubia, que hasta hoy tenía un bajo perfil y no estaba entre los objetivos de alto valor de las agencias de seguridad, ahora sí le tocara ‘perderse’ de verdad.