El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult...
El pasado 19 de diciembre, a 10 días de dejar La Alpujarra, la administración de Daniel Quintero en Medellín dejó firmada el acta de inicio para construir la Cárcel Metropolitana para Sindicados en San Cristóbal, una obra que le costará al distrito 675.000 millones de pesos que se demorará pagando 12 años y que en el plan de desarrollo pasado prometía quedar en un avance superior al 50%.
El lugar busca resolver el grave problema de hacinamiento en las cárceles y estaciones de policía del Valle de Aburrá. Sin embargo, no son pocos los cuestionamientos y dudas que hay sobre la manera cómo se comprometió esa importante cantidad de dinero durante tantos años. Además de las suspicacias que deja el hecho de entregarle el contrato al final del gobierno al único oferente que se presentó al proceso, pese a que era una propuesta de Quintero desde su campaña en 2019. De acuerdo con el plan de desarrollo Medellín Futuro, la administración se comprometía a dejar la cárcel en un porcentaje de avance del 58%, pero al final solo le alcanzó para dejar firmada el acta de inicio a una semana de irse.
(Vea también: Firma que hará la cárcel de San Cristóbal protagonizó escándalos en México)
Hay que recordar que la construcción de esta cárcel, que estará ubicada en San Cristóbal, a 202 metros de distancia de la entrada de un colegio y tendrá lugar para 1.339 personas privadas de la libertad, se contrató mediante una asociación público privada. Eso quiere decir que el privado elegido pone la plata para construir la cárcel y la opera durante unos años. Recibe dinero por esa operación, el Estado le paga la construcción a plazos y, luego, cuando ya esté todo cancelado, el privado le entrega la cárcel y la operación al Estado.
Es el primer centro penitenciario en Colombia que se contrata bajo este modelo. Para la construcción y operación de la cárcel, la Agencia APP de Medellín, entidad encargada de la obra, escogió a la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana S.A. (Prodemex), una megaconstructora en México, que para efectos de este contrato creó su filial en Colombia llamada Carmet Medellín S.A. Carmet fue la única empresa que se presentó al proceso y resultó seleccionada, luego de hacer un par de subsanaciones menores, en octubre.
Carmet S.A. tendrá un plazo máximo de tres años para construir los cinco pabellones del penal que deberá entrar en operación en el 2026. A partir de ese año, y hasta el 2037, el distrito dará 56.250 millones de pesos cada año. Esas vigencias futuras las aprobó el Concejo de Medellín, en una elección que se definió por un solo voto, en marzo del año pasado. Asimismo, al menos hasta 2037, Carmet recibirá el pago del Inpec por lo que cuesta el mantenimiento de cada recluso, un valor que en 2023 estuvo al rededor de los $2.600.000 mensuales.
Todo esto si la obra no se retrasa. Pero sin haber movido la primera piedra ya empezaron las demoras, pues el contrato establece que tras la firma, el acta de inicio debe firmarse a más tardar 30 días después, so pena de pagar una multa, y para ese mero formalismo tuvieron que hacerle un otrosí al convenio, pues se demoraron casi dos meses.
(Lea también: La cárcel que se construirá en San Cristóbal tiene en ascuas a la comunidad)
Fue orden de la Corte
El principal argumento para hacer el penal, del que se empezó a hablar desde la primera administración de Federico Gutiérrez (quien pidió intervenir Hospital General de Medellín), es la difícil situación de hacinamiento carcelario que hay en las estaciones de policías, donde cientos de personas que esperan por un juicio sobreviven en condiciones infrahumanas.
Un fallo de la Corte Constitucional en 2015 le ordenaba a Medellín solucionar los problemas de hacinamiento, y un tribunal en julio de 2019 le ordenó a la Alcaldía, en coordinación con la Gobernación de Antioquia, el Área Metropolitana, el Ministerio de Justicia y el Inpec, levantar una cárcel metropolitana para atender a los sindicados. El tribunal ordenó, textualmente, que la capacidad de la cárcel debería ser “similar o superior” a la de Pedregal y que debería terminarse en un término no mayor a tres años, es decir antes de terminar el 2022.
Además, en Pedregal hay capacidad para poco más de 3.000 reclusos, pero en la nueva cárcel de sindicados habrá espacio apenas para la mitad.
De acuerdo con la información más reciente de la Personería Distrital, hasta el pasado mes de diciembre en las estaciones de Policía del Área Metropolitana había 2.438 internos, cuando estas solo tienen capacidad para recibir a 733, lo que significa un hacinamiento del 233%. De manera que si la cárcel metropolitana comenzara a funcionar mañana mismo, se llenaría de inmediato y aún quedarían 400 reclusos hacinados.
Esto sin contar los problemas que los habitantes de San Cristóbal denuncian que les traerá, afirman que cargarán con el estigma de convertirse en el pueblo de las cárceles. Un corregimiento que no tiene ni una institución de educación superior, ahora tendrá dos centros penitenciarios de gran envergadura.
.svg)
