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En una jornada marcada por la tensión y múltiples protestas, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez encabezó ayer una junta directiva extraordinaria en el Hospital General de Medellín en la que ordenó una intervención de urgencia buscando mitigar la profunda crisis financiera y logística que viene agravándose en esa institución durante los últimos meses.
Al tiempo que este viernes cientos de médicos, enfermeros, especialistas y empleados de todas las áreas volvieron a tomarse las instalaciones del emblemático hospital, denunciando más despidos, cierres de camas y exigiendo la renuncia inmediata del gerente Mario Fernando Córdoba, este último funcionario señaló no tener en sus planes salir de su cargo antes de que culmine su periodo.
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Entre tanto, la junta directiva de la entidad, liderada ahora por Gutiérrez, anunció un plan de choque que dentro de sus efectos más inmediatos contempló restringir la firma de contratos que superen los 20 salarios mínimos y priorizar el pago de salarios al personal médico.
“No vamos a dejar que se intervenga el hospital ni que se profundice la crisis económica y social a la que la han llevado como nunca en su historia”, expresó Gutiérrez, advirtiendo que hasta no estabilizarse la crisis que hoy aqueja al hospital se realizará una junta semanal para verificar que se cumpla con lo ordenado en el plan de choque.
Por parte de los empleados, una de las agremiaciones que volvió a elevar su voz de protesta por los líos que afronta la organización fue el Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados públicos del Hospital General de Medellín – Sintrahgm –, recordando que los retrasos en pagos y la falta de insumos persisten.
Martha Nérida Pulgarín Posada, presidenta de ese sindicato y enfermera por más de 37 años en esa institución, advirtió que con corte ayer, por lo menos 200 empleados aún estaban sin recibir sus pagos.
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“Llevo 37 años en la institución y es la primera vez que se ve esto, de que no alcancen a pagarle a los compañeros. En este momento nos faltan medicamentos. Los almacenes están casi vacíos, nos faltan implementos de trabajo. En el hospital nunca se había visto esto. A todos los proveedores les deben, entonces ya llegó el tope y nos dicen que no nos van a suministrar lo que necesitamos porque la deuda es muy grande”, denunció la enfermera.
Por su parte, el alcalde Gutiérrez también reveló que durante la junta directiva la gerencia confirmó que recientemente el hospital tomó la decisión de cerrar camas de varios servicios especializados, incluyendo algunas pediátricas.
“Cerraron 10 de 30 camas de cuidados intermedios y 5 camas de las 54 de pediatría, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Es un tema delicadísimo, sabiendo que muchas instituciones privadas han venido cerrando camas por la crisis, este es un hospital público, no puede cerrar”, reprochó el alcalde.
“No podemos seguir permitiendo que un hospital que es referente, que recibe pacientes remitidos de Chocó, de Córdoba y otras partes, no tenga cómo prestarles un excelente servicio. Tenemos servicios cerrados, porque el mismo gerente ha dicho que supuestamente lo que es ginecobstetricia y pediatría no dan rendimientos, no es rentable para la institución en este momento”, añadió la enfermera Pulgarín.
Medidas de urgencia
Como si se tratara de una historia que se repite, en su intervención de ayer el alcalde Gutiérrez confirmó que, aunque en la junta directiva se interrogó al gerente sobre su continuidad, el mismo señaló que no cedería a los pedidos de los empleados de dimitir y se mantendría hasta el final de su contrato, estipulado para el próximo 31 de marzo.
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Y es que a pesar de su impopularidad y las múltiples investigaciones que órganos de control como la Personería han abierto sobre Córdoba, Gutiérrez no tendría la potestad de removerlo de su cargo, tal como ocurrió durante su primer periodo, cuando también tuvo choques con el entonces gerente del hospital Jesús Eugenio Bustamante.
En el caso de Bustamante, que llegó al ente en 2016 y en 2018 fue incluso suspendido por tres meses por orden de la Procuraduría General de la Nación –en medio de múltiples denuncias por presuntas irregularidades en procesos de contratación– pese a los insistentes pedidos de la Alcaldía de renunciar, se mantuvo en su silla hasta el cambio de gobierno.
Tan solo fue hasta 2020, cuando la Procuraduría finalmente decidió destituirlo e inhabilitarlo por 11 años, que el hospital pudo tener un nuevo líder.
Más allá de la decisión de Córdoba de atornillarse hasta marzo, la junta ordenó un paquete de acciones urgentes para mitigar la crisis de la institución, encabezado por la instrucción de darle prioridad al pago del personal médico, que de acuerdo a lo informado por Gutiérrez estaría rezagado en por lo menos $ 9.400 millones.
El plan también contempló la orden de priorizar los pagos a los proveedores de servicios e insumos, cuyas deuda asciende a los $ 24.000 millones.
En materia de contratación, la decisión más drástica fue quitarle la potestad a Córdoba de firmar autónomamente contratos por encima de los 20 salarios mínimos mensuales, teniendo que contar con la autorización expresa de la junta directiva en caso de requerirlo.
Gutiérrez advirtió que mientras Córdoba se mantenga en su cargo y las deudas sigan, se citará a sesiones de la junta directiva semanales para vigilar el hospital.
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