La Alcaldía de Bogotá radicó ante la Fiscalía una denuncia por injuria y calumnia contra Sergio Vanegas, contratista del Distrito quién aseguró que al menos 300 jóvenes que participaron en las protestas sociales del paro nacional del 2021 fueron cremados y desaparecidos en hornos crematorios de cementerios distritales de la capital del pais.

En la denuncia, que fue interpuesta por el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, y el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández, se indica que Vanegas afirmó, sin pruebas y sin fundamentos, en una publicación de la ‘Revista Cambio’, que estos hechos ocurrieron con complicidad de las autoridades.

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“Las afirmaciones que fueron vertidas por Sergio Vanegas poseen un inocultable contenido infamatorio contra la Alcaldesa Mayor y los suscritos Secretarios de Despacho, pues de manera carente de todo asidero en la realidad ha emitido expresiones que innegablemente están asociadas a la comisión del delito de genocidio al señalar la desaparición forzosa y muerte de -al menos- trescientas personas y la cremación de sus restos mortales”, indicó el Distrito en el documento.

En ese sentido, el Distrito insiste que durante las protestas en la ciudad en el 2021 no registraron personas desaparecidas, y asegura que los informes e investigaciones de la Organización de las Naciones Unidas, la Personería de Bogotá, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía desmienten lo afirmado por el contratista.

“Dicha información es completamente falsa y se interpondrán acciones legales contra los responsables de entregar información engañosa sobre presuntos desaparecidos en los Cementerios Distritales en el marco del Paro Nacional”, afirmó Claudia López, alcaldesa de Bogotá.

Cabe señalar que ante la afirmación de la Alcaldía de Bogotá de que no hubo desaparición en la capital durante las protestas sociales, concejales y organizaciones de derechos humanos han controvertido esta afirmación. En ese sentido, se ha apuntado al caso de Duvan Barros, un joven que desapareció en el Portal Las Américas, y fue encontrado muerto 20 días después en caño de la localidad de Kennedy.

De esta manera, el Distrito solicitó a la Fiscalía realizar una actuación rápida por la “probabilidad de graves alteraciones del orden público como consecuencia de las falsas imputaciones vertidas por el indiciado”.

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