Las agitadas aguas de la política en Medellín amenazan con desbordarse y trascender las fronteras del país después de que la Procuraduría General de la Nación pidiera al alcalde de esa ciudad, Daniel Quintero, así como a “los secretarios de despacho, gerentes, trabajadores y particulares disciplinables del conglomerado público de Medellín”, abstenerse de “intervenir en actividades y controversias políticas”.

La advertencia —que el Ministerio Público sustenta en la Directiva 016 del 2 de septiembre de 2021, relativa a las prohibiciones para los funcionarios públicos con miras a los procesos electorales— fue emitida por el ente de control la semana pasada, pocos días después de que la Registraduría revisara las firmas y mantuviera en forme el proceso de revocatoria contra Quintero.

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“La Procuraduría, al conocer que se encuentra en curso un proceso de revocatoria del mandato de […] Quintero […] como alcalde de Medellín, insta a cada uno de los servidores públicos a observar una conducta dentro de los límites que establece la Constitución, la ley estatutaria 1557 de 2015 y la jurisprudencia aplicable para este tipo de procesos electorales”, dijo el ente de control en un comunicado.

También reiteró “el estricto cumplimiento en lo consagrado en las directivas de la Procuraduría, en virtud de las cuales deben abstenerse de utilizar la autoridad para ponerla al servicio de una causa política, presionar a subalternos para el apoyo a campañas, utilizar los elementos del servicio público o información reservada para las actividades del proceso electoral, realizar contribuciones a partidos, difundir propaganda de movimientos, ofrecer beneficios directos o disponer del horario de trabajo para propósitos políticos”.

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El alcalde Quintero, que también sostiene un duro choque con el Grupo de Empresarios de Antioquia (GEA), emblemático conglomerado paisa al que el mandatario de Medellín ha acusado de prácticas mafiosas, reaccionó a lo planteado por la Procuraduría.

“Inaudito: Acabo de ser informado por la Procuradoría […] que no puedo pronunciarme ni hacer campaña en contra de la Revocatoria. ¿Qué pretenden?”, se preguntó el alcalde en Twitter.

Después, escribió: “Procuraduría viola nuestro derecho a la defensa al notificarnos que no podremos hacer campaña por el NO en la revocatoria. Esto vulnera la ley 1757 de 2015, la sentencia C 150 de 2015 y SU 077 de 2018, acudiremos a instancias internacionales”.

Si bien no precisa cuáles son esas instancias internacionales, la opción que tienen los ciudadanos que sienten vulnerados sus derechos en los países de América es acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Se espera que este lunes el Consejo Nacional Electoral (CNE) expida el certificado de legalidad de los gastos del comité que busca la revocatoria de Quintero, con lo que se despeja también el camino para que el presidente Iván Duque fije cuál será la fecha de esa votación.

Para este proceso se requiere la participación del 40 % de quienes participaron en las elecciones para la alcaldía de Medellín en 2019, o sea, 313.528 ciudadanos, y la mitad más uno debe votar a favor de que Quintero no siga gobernando.

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