Para el jurista, esa “es una alternativa incluida en el tratado de extradición vigente entre Colombia y Venezuela”.
Cuadros dijo en Blu Radio que ese acuerdo “contempla la posibilidad de que la persona que es requerida pueda invocar la solicitud de asilo político”; aunque también reconoció que desconoce si ya tiene un abogado de confianza en Venezuela y si su defensa pueda ir en ese sentido, pues él no puede viajar a defenderla porque no tiene licencia para ejercer en ese país.
No obstante, aunque el abogado considera que el tratado está vigente, el caso sigue en el limbo porque el Ministerio de Justicia considera que dicho acuerdo no está vigente con la administración de Nicolás Maduro.
La ministra esa cartera, Margarita Cabello, dijo en LA FM que “como no hay relaciones diplomáticas con Maduro y los trámites de extradición son procesos de cooperación entre países, no podría expresar a qué se expone [al no cumplir el tratado] porque no se tiene esa relación y, por lo tanto, no hay comunicación”.
Entre tanto, sobre la figura de asilo político surge un nuevo dilema. Normalmente, una persona que tiene ese estatus en un país no puede ser capturada así tenga vigente una circular roja de la Interpol; aunque este caso se está dando en orden contrario, es decir que sobre Merlano ya pesa una orden de la Policía Internacional como una condenada que tiene pendiente el cumplimiento de su sentencia.
Eso significa que Venezuela estaría obligada a extraditar o deportar a Merlano para entregarla a las autoridades colombianas, pero la exsenadora tiene un salvavidas porque está en poder de las fuerzas del régimen y no ha sido entregada a Interpol.
En ese sentido, ella puede hacer la solicitud ante el gobierno del país en el que está y como la tiene detenida un grupo de línea oficialista, como lo es el Sebín, y no uno afín a Juan Guaidó, obtener el estatus de asilada sigue siendo una posibilidad.
Cabe recordar que, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el asilo político se da a aquellas personas que han tenido que escapar de su país por razones políticas y también se puede otorgar para proteger a quienes sufren persecución por su raza, religión, nacionalidad, entre otros.
Además, recuerda Sputnik, en 1928, en La Habana, se firmó la Convención sobre Asilo, que establecía la no extradición por delitos políticos.
Por otro lado, hay otra posibilidad para Merlano y es la de acogerse al estatus de refugiada; este puede ser otorgado de forma inmediata y sin necesidad de mayor justificación.
Los refugiados obtienen derechos al tiempo que obligaciones y se les da ese estatus por ser objeto de persecución por diferentes motivos, o porque no pueden o no quieren acogerse a la protección de su país. Además, solo es posible solicitarlo estando en el territorio donde lo quiere; es decir que la excongresista debe estar en calidad de asilada para luego pedir refugio.
Si se le concede esta figura, Merlano no puede ser devuelta, expulsada o extraditada a su país, si su vida o integridad corren peligro; puede transitar libremente en Venezuela, acceder a los sistemas públicos de salud, educación y a trabajar legalmente, no ser discriminada y puede reunirse con sus familiares, en caso de ser reconocidos como refugiados.
Todo esto puede contemplarlo la defensa de Merlano en Venezuela, teniendo en cuenta que se especula que Merlano estaría recibiendo un trato especial del Sebín para que entregue información sobre corrupción en Colombia que le sirva a Maduro.
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