El ente de control aseguró, en un comunicado, que cualquier convenio que se haga con los concesionarios y contratistas (Odebrecht y Corficolombiana) de la Ruta del Sol II “tendrá que sujetarse a las decisiones judiciales”, teniendo en cuenta que en 13 días se conocerá si un Tribunal de Arbitramiento declara nulo el contrato por el escándalo de sobornos.
Por lo mismo, el Ministerio Público inició una vigilancia al trámite de liquidación del contrato, que ordenó la Superintendencia de Transporte, por lo que solicitó “antecedentes, soportes, documentos, y demás sustentos que llevaron a tomar la decisión de convocar a la concesionaria al proceso de liquidación judicial; […] así como las medidas adoptadas para proteger a los tercero de buena fe”.
Y es que, según el documento, la Procuraduría considera “inoportuna la decisión” que la Superintendencia tomó sin esperar el fallo del Tribunal de Arbitramento sobre la nulidad del contrato y la acción popular que condenó a la corrupta empresa y sus socios a pagar de 800.000 mil millones de pesos.
“Decisiones de pago en estos momentos ponen en riesgo la efectividad del fallo de la acción popular que promovió la Procuraduría, donde la concesionaria y sus sociedades principales fueron condenadas al pago de 800.000 millones de pesos y a una inhabilidad de 20 años y se limitó el reconocimiento a terceros de buena fe hasta el saldo que tuviere disponible el proyecto en su fiducia. Agotados esos recursos, no procederían pagos adicionales con el presupuesto de la Nación”, concluyó el órgano de control.
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