El alegato del abogado que representa al suspendido patrullero Harby Damián Rodríguez se extendió luego de que la juez 29 de control de garantías de Bogotá resolviera, este lunes en la tarde, que los dos policías implicados en el asesinato del estudiante de derecho Javier Ordóñez deben ir a una prisión en Facatativá, Cundinamarca.

La molestia de Olmos se dio porque la juez no tuvo en cuenta, entre otras cosas, que el procesado tiene esposa e hijos, que ayuda económicamente a su señora madre y que como ya fue retirado de la Policía Nacional no representa un peligro para la comunidad.

Fue por eso que el abogado apeló la decisión de la juez y la señaló de haber ordenado la detención de los dos imputados para quedar bien ante la opinión pública, pues se refirió a una “presión mediática” para justificar el fallo de la administradora de justicia, como se escuchó en la trasmisión que hizo el área de prensa de Paloquemao.

En medio de esa exposición de argumentos, Olmos habló hasta del hacinamiento carcelario y de los derechos de su defendido para debatir el que lo hayan enviado a prisión.

“El único lugar de reclusión no es la cárcel. Con respecto al centro carcelario, siempre he dicho una cosa: que este medio es muy nocivo y que atenta contra la integridad del hombre, pues es terroríficamente opresor, sus muros separan al interno […] la sociedad lo recrimina, se pierde el derecho a la libertad, al desplazamiento, a la expresión, a la reunión, a la asociación, al trabajo. Incluso, su señoría, y se lo digo con respeto, hasta el derecho sexual se pierde”, argumentó el abogado.

Luego de eso, Olmos dijo que una persona que es enviada a una prisión solo “desarrolla rabia contra la sociedad”, y que para nadie es un secreto “mirar las cárceles que tenemos en Colombia, donde la situación carcelaria es profundamente desbordada por el hacinamiento… y ahí sí los medios callan”.

Todos estos argumentos del abogado fueron escuchados atentamente por la juez, que previamente había dicho que “no se acreditó” que los dos patrulleros implicados en la muerte de Javier Ordóñez (Harby Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda) “estuvieran suspendidos definitivamente de la Policía”.

La juez también tomó como base el hecho de que la Fiscalía advirtiera que los procesados no respondieron sus teléfonos cuando fueron solicitados, y habló de que estas personas representan un peligro para la comunidad y que pueden entorpecer la investigación.

Finalmente, la juez dijo que estos dos patrulleros se excedieron en su autoridad al someter a “tratos crueles e inhumanos que le causaron intenso dolor” a la víctima, y aseguró que hay “otra persona, también uniformada, que estaba ahí, y también se le pidió (ayuda) y no hizo nada” para evitar el sometimiento del abogado en formación.

“¿Era necesario que lo sometieran a semejante procedimiento? Considera la juez de control de garantías que no”, puntualizó la funcionaria, en referencia a los hechos que se registraron en la madrugada del pasado 9 de septiembre en vía pública y que continuaron en el CAI Villa Luz (que fue quemado por vándalos en medio de manifestaciones), en la localidad de Engativá.

Este video muestra una recopilación del procedimiento contra Ordóñez y de las primeras declaraciones de autoridades en Bogotá.