La funcionaria entregó varios de los argumentos de las partes para decidir que Juan Camilo Lloreda Cubillos y Harby Damián Rodríguez Díaz deben seguir su proceso en la cárcel de Facatativá.

No obstante, la Fiscalía no estuvo de acuerdo con el centro de reclusión, a donde habitualmente son enviados los policías y militares, y pidió que el lugar se cambie al pabellón de funcionarios públicos de la Cárcel La Picota. La Procuraduría, por su parte, estuvo de acuerdo con la decisión judicial.

Mientras tanto, los abogados de los uniformados pidieron que sean recluidos en casa por cárcel, aunque están siendo procesados por tortura agravada y homicidio agravado.

Por su parte, Vaidth Gómez, abogado de la víctima, también pidió cambiar el sitio de reclusión porque señaló que la decisión se está tomando en la justicia ordinaria y en dicha cárcel tendrán contacto con más policías y sus familiares.

Además, destacó que se está hablando de algo tan grave como el tortura y rechazó que se pida detención domiciliaria por este delito. La defensa de la familia de Ordóñez también señaló que si se les da ese beneficio, los indiciados podrían atentar contra la familia de la víctima o el “testigo amenazado”.

Pese a todas las peticiones, la jueza decidió mantenerse en su decisión y ordenar el traslado de los policías al centro dispuesto para miembros de la Fuerza Pública, en Facatativá (Cundinamarca):

Al comienzo de la diligencia, la jueza leyó la descripción del fiscal de los hechos de la madrugada del 9 de septiembre que llevaron a la muerte de Javier Ordóñez, y que como evidenciaron los videos, fueron excesivos los golpes que le propinaron a la víctima y causaron lesiones muy graves, como lo mostró la autopsia.

La juez criticó que los uniformados actuaran de una forma tan violenta contra el ciudadano y al tiempo deshonraran el uniforme e hicieran quedar mal a la Policía Nacional. Además, que como consecuencia de ello, se “incendiara la ciudad”.

Entre tanto, en los argumentos de la defensa para que no sean recluidos en una cárcel, los abogados apelaron a que tienen familia, esposas e hijos, y que no han tenido ningún tipo de investigación previa ni en la Fiscalía ni el la Procuraduría, ; actualmente sí enfrentan el juicio disciplinario.

No obstante, para la juez, esto no desvirtúa los comportamientos de aquella noche y consideró también los peligros que pueden existir para el testigo que ha relatado paso a paso lo que sucedió.