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Este artículo fue curado por pulzo   Jul 15, 2026 - 5:35 am
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Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, anunció recientemente el fin de las negociaciones con grupos criminales, proceso conocido como “paz total”, instaurado durante el mandato de Gustavo Petro, según información publicada por Noticias Caracol y la Agencia EFE. Desde el 21 de noviembre de 2022, el Gobierno Nacional inició diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), marcando el inicio de una política que buscaba acercamientos con organizaciones armadas ilegales para frenar la violencia. No obstante, el proceso no logró satisfacer las expectativas de la administración saliente, pues, por ejemplo, la mesa con el ELN se suspendió el 17 de enero de 2025 tras la crisis del Catatumbo.

El gobierno Petro extendió estos acercamientos: en junio de 2023 dialogó con bandas del Valle de Aburrá, mientras que en Buenaventura, Valle del Cauca, las bandas Shottas y Espartanos acordaron una tregua, aunque no se cerraron formalmente esas conversaciones. Se avanzó también con bandas en Quibdó y el Estado Mayor Central, disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, cuya negociación se suspendió tras diferencias con el sector radical de la organización, mientras que otra facción siguió en diálogo.

Según informes de inteligencia estatal citados por Noticias Caracol, la presencia de grupos armados en el país ha crecido: en 2022 se registraban 15.000 hombres armados y para 2025 la cifra casi se duplicó a 27.000, con fuerte presencia de Clan del Golfo, ELN y disidencias de las FARC, ocupando cerca del 36 % del territorio. El gobierno también estableció mesas de diálogo en Caracas con la Segunda Marca Italia y en Doha con el Clan del Golfo, además de encuentros con disidencias del ELN en el sur del país.

Frente al anuncio de De la Espriella de eliminar la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el expresidente Juan Manuel Santos hizo un llamado para mantener la implementación del acuerdo histórico firmado con las FARC en 2016. “No como un legado de un Gobierno, sino como una política de Estado”, enfatizó Santos, quien además resaltó la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la investigación de crímenes graves y su papel pionero en la justicia restaurativa durante el posconflicto. Santos rechazó la asociación entre el acuerdo y el fortalecimiento de estructuras criminales, insistiendo en que la mejor vía para evitar la expansión de esos grupos es consolidar la paz acordada hace una década.

¿Qué implica el cierre de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en Colombia?

La clausura de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, encargada históricamente de liderar los diálogos y negociaciones con grupos armados ilegales, implica que tareas clave relacionadas con la búsqueda de acuerdos pasarán a ser responsabilidad de los ministerios de Justicia e Interior y un nuevo comisionado para la seguridad. Esta decisión, defendida por Abelardo de la Espriella, supone un cambio profundo en la política de paz, priorizando el enfoque en la seguridad y el desmonte de lo que denomina sistemas de “impunidad”.

¿Cuál ha sido el impacto de la “paz total” durante el gobierno Petro según las cifras presentadas?

De acuerdo con informes de inteligencia citados por Noticias Caracol, durante la etapa de la “paz total” aumentó significativamente el número de integrantes en grupos armados, pasando de 15.000 hombres armados en 2022 a 27.000 en 2025, con presencia en el 36 % del país. Estos datos señalan que, si bien se promovieron múltiples mesas de diálogo, persiste la expansión de organizaciones criminales, lo que ha generado debate sobre los resultados concretos de la política implementada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.


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