La tutela había sido interpuesta en febrero pasado la defensa de Uribe, alegando que se le había violado el derecho al debido proceso y a la defensa.

Su abogado, Jaime Granados, consideraba que no se puede equiparar la indagatoria en el viejo sistema y la imputación de cargos en el nuevo sistema penal acusatorio.

Según él, la Ley 600 del 2000, basada en un sistema mixto en el que quien conduce el proceso es juez y parte, no es la indicada para este caso porque para eso está la Ley 906 de 2004 del sistema penal acusatorio.

En esa línea, el magistrado Alejandro Linares explicó que para tomar la decisión, la Corte “partió de la base de que este es un vacío normativo en el cual la Corte tuvo que hacer uso, acudir a principios y reglas del derecho procesal para llenar ese vacío que se produce por la dificultad de adecuar una situación bajo la ley 600 del año 2020 a la ley 906 de 2004″.

“La Corte señaló que cuando hay un cambio de sistema procesal de ley 600 a ley 906 o viceversa (…) por renuncia o adquisición del fuero constitucional, cuando por ejemplo un ciudadano es elegido congresista, durante la etapa de la investigación conservará validez todo lo actuado siempre y cuanto se parta de la base que prima fase hay una equivalencia funcional entre la indagatoria y la imputación”, agregó.

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Después de que el caso pasara a la Fiscalía, el fiscal delegado, Gabriel Jaimes, pidió el pasado 5 de marzo no investigar a Uribe al considerar que “varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito y otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o partícipe“.

Si la jueza del caso acepta la solicitud de preclusión de la Fiscalía, las víctimas podrían apelar esa decisión y el caso pasaría al Tribunal Superior de Bogotá. Pero si la jueza niega la solicitud de preclusión, la Fiscalía tendría que decidir si presenta una acusación con lo que tiene o si reformula con más argumentos su petición de preclusión.

En todo caso, si la jueza niega la preclusión, la Fiscalía y la defensa de Uribe también podrían apelar esa decisión, con lo cual el caso también pasaría al Tribunal Superior de Bogotá.

Reacciones a la decisión de mantener imputación de Uribe

El senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en el caso, dijo que se trata de una “decisión plenamente justificada y en derecho”, y adelantó que “de manera serena vamos a continuar presentando nuestros argumentos para lograr que muy pronto haya un llamado a juicio de Uribe“.

El abogado Iván Cancino, por su parte, tachó de “errada” la decisión y alegando que “ni siquiera se ha surtido el debate propio de una eventual audiencia preparatoria“.

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