De acuerdo con el diario El Tiempo, al inicio, la lista de desmovilizados que no aparecen era de 991, pero 267 de ellos se presentaron de manera voluntaria ante las respectivas autoridades. Es por ello que, ahora, comisiones del Gobierno, la ONU y el partido Farc planearon 3 estrategias de búsqueda para encontrar a 724 exguerrilleros.

Los desaparecidos eran mandos medios y combatientes rasos y la preocupación de la Administración de Duque pasa porque son sujetos entrenados, con manejo de armas y que podrían estar al servicio de organizaciones criminales o de las disidencias de la extinta guerrilla, explica el mismo medio.

Otra alerta que la oficina del comisionado para la Paz pasó a la JEP es que, en el momento de la desmovilización, las Farc no reportaron que algunos de sus integrantes fueron reclutados para la guerra cuando eran menores de edad, detalla el rotativo nacional.

Gracias a información verificada de la Registraduría Nacional y de la Fiscalía General, se confirmó que un total de 218 personas se unieron a esa guerrilla de esa manera y ahora son juzgados como adultos desmovilizados y acogidos a la justicia transicional y no como víctimas del conflicto armados, como deberían ser tratados. Esto le interpone otro (gran) problema jurídico a la JEP, indica El Tiempo.

El Gobierno también le señaló a la Jurisdicción Especial para la Paz que encontró otro grupo de 383 personas que se habría colado en la desmovilización, porque al contrastar datos de Fuerza Pública, la Fiscalía y el Gobierno, no se pudo “establecer con certeza que hayan sido realmente militantes de las Farc”, finaliza ese medio.